Con el argumento de que las medidas de contención de gasto tomadas hasta ahora son insuficientes para sanear las finanzas públicas, Casa Presidencial anunció este miércoles que convocará para su debate legislativo el proyecto de ley que limitaría los pluses salariales que se pagan en el Estado, conocido como plan de empleo público.
Lo hará a partir de la próxima semana, empujando a la vez incrementos tributarios. Sin embargo, no mencionó la posibilidad de hacerlo mediante la vía rápida, mecanismo que facilitaría la tramitación de los planes en un congreso de nueve fracciones con posiciones encontradas.
El Gobierno le dará espacio de discusión a la iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk que igualaría, por ejemplo, el pago de anualidades y de cesantía en las instituciones, entre las que hoy los montos son muy diversos.
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Según un comunicado enviado por la Presidencia de la República este miércoles, los primeros en enterarse de la convocatoria fueron los representantes de los grupos sindicales Patria Justa, Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y otras centrales, que se reunieron esta tarde con el presidente en ejercicio, Helio Fallas y con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Helio Fallas dijo que las medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda para contener el gasto público son insuficientes, a pesar de "los logros alcanzados", por lo que los problemas fiscales de tipo estructural requieren de soluciones legislativas. Hacienda espera que el déficit fiscal del 2016 haya cerrado en un 5,1% del producto interno bruto (PIB), por debajo del 6% que en su momento se esperó.
No obstante, el presidente de la Asamblea, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, declaró que, si el Gobierno decidió no tramitar el plan de empleo público por la vía rápida, tampoco se aprobarán los incrementos tributarios.
"Estaríamos en presencia de que, en el periodo de esta administración, no serán modificados los impuestos porque está clarísimo que, sin empleo público, no avanzaremos con la reforma fiscal. Podríamos decir que ese paquete de proyectos lo enterró el propio oficialismo. Si el PAC no dará vía rápida, asumo que la decisión la tomaron el Gobierno y la fracción. No creo que el Gobierno sea ajeno y, en esa decisión, es poco lo que podría hacerse", dijo el jerarca legislativo.
¿Qué busca la propuesta? El proyecto de ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público (expediente N°. 19.506) propone:
-Limitar el porcentaje de las anualidades que se pagan en todo el sector público a un máximo de un 2,54% del salario y eliminar su pago automático. Hoy, algunas pagan hasta un 6% como en la Junta de Protección Social (JPS) y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
-Modificar las reglas para conceder pagar varios pluses salariales. En el caso de las anualidades, por ejemplo, ya no se otorgarían a todos los que califiquen como "buenos", "muy buenos" y "excelentes", sino solo a "muy buenos" y "excelentes".
-Fijar en 8 años el tope de cesantía para todo el aparato estatal. Hoy, algunas pagan más de 20 años.
-Le pone plazo a las renegociaciones de convenciones colectivas, en donde patronos y empleados pactan beneficios y condiciones.
La diputada Piszk dijo estar complacida con la decisión del Gobierno de convocar el texto, pues considera que, si la regulación de los pluses salariales no camina en su trámite legislativo, tampoco lo harán los planes sobre impuestos.
"Me complace mucho esa decisión, para tener una discusión seria y documentada, para poder aprobar la iniciativa en los próximos meses", comentó la verdiblanca.
En cambio, a Patricia Mora, diputada y presidenta del Frente Amplio, la decisión del Ejecutivo le parece desacertada: "Es un proyecto que toca el estatuto de la convención colectiva, que es un pilar de la paz social en el país, la posibilidad de los trabajadores de establecer un convenio a través de la negociación sindical".
El subjefe de la fracción del PAC, Franklin Corella, dijo que la decisión de Casa Presidencial de convocar el proyecto hasta enero, y no desde el principio del periodo de sesiones extraordinarias (desde el 1°. de diciembre) se debió a una actitud "responsable y transparente" de parte del Ejecutivo.
"Diciembre era un mes complejo, muy saturado. La evaluación que hace Casa Presidencial es responsable, de empezar a discutir este tema después de fin de año. Celebramos el hecho de propiciar una discusión transparente, como parte de un proceso de debate amplio, en el que no se habla de empaquetar este asunto con otros proyectos de índole fiscal, ni de aplicarle la vía rápida", consideró Corella.
El 1°. de mayo del 2016, la oposición había acordado no aprobar impuestos mientras no se aprobaran fuertes medidas de contención de gasto.
Desde inicios de diciembre, el frenteamplista Carlos Hernández anunció que prepara cientos de mociones para poner en el camino de la iniciativa de ley.
Patricia Mora añadió que el plan sobre regulación de pluses "toca de manera equivocada la pretensión de sanear las finanzas públicas" y apuntó que es un "gravísimo error" del presidente Luis Guillermo Solís entrar en ese debate.
"Hemos cargado con las pulgas del Gobierno en muchas decisiones, pero en este caso, nos opondremos a que ese proyecto (19.506) sea aprobado. Haremos la oposición que tengamos que hacer en el plenario para que sea engavetado", amenazó la frenteamplista.
Sin embargo, Piszk rechazó que se pretenda afectar la convención colectiva, pues considera que más bien se la regula.
La iniciativa, tal como fue acogida en la Comisión de Sociales luego del estudio en una subcomisión, establece que los jerarcas que negocien una convención colectiva con un sindicato no podrán beneficiarse de ella, además de que fija el plazo de 12 meses para que una convención desaparezca, en el caso de que no se haya logrado un acuerdo entre patrono y representantes sindicales.
"Patricia (Mora) estuvo en la mesa de negociaciones por siete u ocho meses; es cierto que ella objetó en todo momento ese aspecto del proyecto, pero también hay declaraciones de ella sobre la importancia del proyecto", dijo.
Por su parte, el ministro Alfaro dijo que el Gobierno pintó a los sindicatos el panorama fiscal para el próximo año y la necesidad de los proyectos fiscales, entre ellos las reformas a los impuestos de ventas y renta, así como el de empleo público. "El Gobierno considera importante mantener un contacto permanente con los diferentes grupos sociales, entre ellos los sindicatos y, por eso, la razón de estas reuniones", manifestó el jerarca mediante la oficina de Prensa de la Presidencia.
La Nación publicó el 21 de noviembre pasado que un grupo de diputados de Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN), liderado por Henry Mora, del PAC, pretende debilitar la propuesta de ley para que perjudique menos los pluses que reciben los empleados del Gobierno Central.
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Un texto sustitutivo para la iniciativa fue dictaminado el 23 de noviembre por una subcomisión de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento. Una vez que se concrete la convocatoria del Poder Ejecutivo, el grupo de 9 diputados empezará a discutir las mociones para modificar ese nuevo texto.
Algunas de esas propuestas pretenden suavizar, todavía más, los topes propuestos al pago de pluses.
En noviembre, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dio por enterrada la reforma al empleo público.
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Pero este miércoles, tras el anuncio de que la Presidencia, el sindicato anunció que se manifestará en contra del proyecto de ley por considerar que perjudica los derechos salariales de los empleados públicos.