Casa Presidencial dio por finalizada este martes la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y nombró una nueva junta directiva, en sustitución de los directores que demandaron al Estado por ¢7.000 millones ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El Consejo de Gobierno juramentó una nueva cúpula en Judesur al considerar que no había razones para postergar el proceso interventor, que se inició desde el gobierno de Laura Chinchilla.
La intervención se produce cuando el Ejecutivo, al considerar que hay una mala administración de los recursos, coloca una junta provisional en lugar de los directores ordinarios. Chinchilla tomó esa medida en el 2011 y Solís le dio continuidad en el 2014, pero ahora el mandatario actual la da por finalizada.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, sostuvo que los interventores ya cumplieron su plan de trabajo: "La junta interventora fortaleció los procedimientos administrativos, la ejecución presupuestaria y la gestión financiera, así como la infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito".
Así se refirió a los directores que, a principios de agosto, demandaron al Estado por la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Judesur. Ellos alegaron que esa norma desfinanciaría a la entidad, al reducir el impuesto único que pesa sobre los productos que se venden en el Depósito Libre Comercial de Golfito.
La ley rebaja el tributo de un 18% a un 14% en su primer año de vigencia, a un 12% en el segundo año y a un 10% en el tercer año. Además, cambia la distribución del dinero que se recauda con el impuesto y sube de un 8% hasta un 15% el porcentaje que se puede destinar a la operación de Judesur.
La junta interventora saliente la integraban Manuel Herrera Mutis (presidente), Luis Achío, Ricardo Solís, Vielka Rojas y Jendry Acevedo.
Los nuevos miembros de la directiva fueron nombrados según la nueva ley de Judedur. Ellos son:
-Susan Naranjo, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito
-Rigoberto Núñez, represente de la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito
-Rose Mary Montenegro, representante de la Municipalidad de Buenos Aires
-Maribel Porras, representante del sector cooperativo
Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores
-Wilfrido Fallas, representante de la Municipalidad de Coto Brus
-Evelyn Alemán, representante de la Municipalidad de Golfito}
-Gabriel Villachica, representante de la Municipalidad de Osa
-María Brown, representante del Poder Ejecutivo
-Jorge Badilla, representante del sector productivo
-Mario Lázaro, representante del sector indígena
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Alfaro dijo que la nueva junta directiva la nombró el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la ley que objetaron los interventores, a quienes Casa Presidencial les pidió un informe final de su gestión que deberán entregar en un plazo de diez días hábiles a partir de este martes.
El jerarca contradijo al director ejecutivo de Judesur, Carlos Murillo, quien declaró días atrás que, ante los cambios introducidos por la nueva ley, se debe evaluar el cierre del Depósito.
"No compartimos el criterio del director ejecutivo. No es una potestad de la junta decidir si cierra o no, pues el depósito lo creó una ley. Los temas presupuestarios tienen que recorrer su camino y, para poder comprobar si una entidad está sin recursos, depende del análisis de la Contraloría General de la República", afirmó.
Alfaro también refutó el argumento de que Judesur dispondrá, tras la reforma de su ley, de menos recursos para su operación.
"Se aumentó el margen de gasto, más bien. Este subió de un 8% a un 15% de lo que recaudan por concepto de impuestos", afirmó el ministro.
En la nueva ley, por otra parte, el porcentaje de recursos apartado para becas estudiantiles no varía, pues queda en un 10%, mientras que se crea un nuevo aporte del 10% para el mercadeo, equipamiento y renovación del Depósito Libre.
Por último, pasa de un 82% a un 65% el porcentaje que se destina a proyectos de desarrollo en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.
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La Nación intentó contrastar la versión de Casa Presidencial con los miembros de la junta interventora, sin embargo ni Manuel Herrera, ni el director ejecutivo Carlos Murillo estaban disponibles para entrevistarlos.
Al filo de las 6 p. m., los exdirectivos enviaron a la prensa un oficio que remitieron este mismo martes al presidente Luis Guillermo Solís donde, en pleno, los cinco pusieron su renuncia a raíz de la "abismal diferencia de criterio" entre ellos y Casa Presidencial sobre el equilibrio financiero de Judesur bajo la nueva ley.
"Hasta la saciedad hemos advertido en forma escrita ante el Ministerio de la Presidencia, Consejo de Gobierno, Ministerio de Planificación, Contraloría General de la República Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y como respuesta siempre recibimos un absoluto silencio, decidimos en forma unánime, a partir del día de hoy 27 de setiembre, poner fin a las labores de intervención encomendadas a esta Junta por su estimable persona", afirmaron los directivos salientes al mandatario.
En el mismo oficio, le manifestaron a Solís que no vieron conveniente acompañar a los directivos entrantes durante un mes, como se había decretado en la ampliación de la intervención.