Ni la Casa Presidencial ni el Ministerio de Hacienda responden cómo hará el gobierno para tapar el hueco de ¢131.000 millones que abrió, en las finanzas públicas, al invertir el dinero en Bancrédito el año pasado para evitar que cayera en irregularidad financiera, lo que a final de cuentas no pudo evitar.
Entre marzo y abril del 2017, Hacienda tomó esa cantidad de recursos del Presupuesto Nacional para comprar certificados a plazo de este banco, con una vigencia de nueve meses. El dinero debía ser devuelto al Gobierno el 22 de diciembre pasado.
Sin embargo, Bancrédito fue intervenido por la Sugef y el interventor declaró que carece de liquidez para pagar sus deudas, por lo que Hacienda deberá esperar para recuperar la inversión.
¿Cómo hará el Gobierno para tapar el hueco de ¢131.000 millones en el corto plazo? ¿Cuál será la afectación? ¿En qué se dejará de invertir o se emitirá más deuda para cubrir el faltante? ¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión?.
Estas fueron algunas consultas enviadas por La Nación, tanto a Presidencia como a Hacienda, pero ambas carteras se limitaron a contestar con un comunicado de prensa enviado el viernes por la noche, en el que cual indican que el Consejo de Gobierno consultará a la Procuraduría General de la República y al departamento legal de Casa Presidencial sobre este asunto.
¢131.000 millones es más de una tercera parte de un punto del PIB, en momentos en que el Ejecutivo sufre estrechez de dinero para afrontar sus gastos debido al déficit fiscal, que supera el 6% del PIB. Con la reforma fiscal que se debate en el Congreso, Hacienda aspira a recoger ¢660.000 millones anuales más y, ahora, no sabe cuándo podrá recuperar este dinero.
Bancrédito salió de la banca comercial en mayo de 2017 y, al no poder vender su cartera de crédito a otras instituciones, tal como lo planificó el gobierno, se quedó sin liquidez para poder pagar la deuda con el Ministerio de Hacienda.
Por esa iliquidez, el interventor solicitó al Poder Ejecutivo aplicar la garantía del Estado para poder hacer frente a las deudas vencidas con Hacienda. El inconveniente es que el propio Estado es el principal acreedor.
El interventor Marco Hernández explicó que Hacienda no deberá erogar dinero para pagarse la deuda.
El gobierno dejará de contar con ese dinero en el corto plazo y lo podrá recuperar hasta que logren cobrar los ¢160.000 millones de la cartera de préstamos y activos del Banco, lo cual podría tardar varios años porque se trata de créditos a corto, mediano y largo plazo, según confirmó el interventor.
En diciembre pasado, el ministro Alfaro responsabilizó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de las consecuencias de la intervención.
"La finalidad de una intervención bancaria es proteger a sus ahorrantes e inversionistas y, en este caso, no los hay. A partir de hoy, el interventor asignado, así como la Sugef y el Conassif, asumen la responsabilidad y consecuencias que genere esta intervención”, señaló Alfaro en un mensaje que publicó Casa Presidencial el pasado 22 de diciembre.
“En este sentido, es muy probable que la intervención desencadene una pérdida de valor de la cartera de crédito que aún tiene el banco como activo y, además, que hará que se prolongue el pago al Ministerio de Hacienda de la deuda que tiene (el banco), lo que impactará el déficit fiscal, aumentándolo en aproximadamente un 0,3% del PIB, justo en un momento que es crítico para el país”, agregó Alfaro, en esa ocasión.
La Nación intentó conversar con Alfaro el viernes anterior, pero su encargada de prensa solicitó las preguntas por escrito con el fin de responder este lunes. Pese a que la gestión se realizó, el ministro respondió con el mismo comunicado enviado por Casa Presidencial el viernes.
El Consejo de Gobierno verá este martes la solicitud del interventor, pero no será hasta que reciban los criterios legales que darán una respuesta.