El Gobierno echó para atrás la decisión de desconvocar el proyecto de ley contra el crimen organizado, luego del llamado público del presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias; el fiscal general, Carlo Díaz; y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había desconvocado el plan con el argumento de que era necesario abrir espacio para que los diputados aclararan dudas sobre el proyecto de jornadas laborales 4-3, a través de mesas de trabajo.
No obstante, lo sucedido desató indignación entre los diputados y preocupación en las autoridades judiciales, las cuales sostienen que líderes criminales saldrán de la cárcel si el plan no es aprobado antes del 7 de junio, pues el texto duplicaría los plazos de prisión preventiva para casos de delincuencia organizada.
Luego de la reunión entre Arias, Aguirre, Díaz y Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, les anunció a los demás voceros de las fracciones parlamentarias que el Gobierno echa atrás el freno.
La declaración la hizo Cisneros luego de consultar con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, por la solicitud que les habían lanzado.
Poco antes de las 3:30 p. m., llegó el documento en que se incluye de nuevo el plan. Casa Presidencial informó de que lo hacía “en vista de las preocupaciones externadas por el Poder Judicial, la Fiscalía y la Presidencia del Congreso”.
“De esta manera, el Gobierno facilita el espacio para que las fracciones de la Asamblea Legislativa continúen con el trámite y discusión del proceso abreviado de esta iniciativa, pues debe votarse antes de la fecha límite”, agregó Zapote.
Cisneros explicó a los demás voceros partidarios que el presidente, Rodrigo Chaves, firmaría el decreto de convocatoria al proyecto 23.090, para dejar sin efecto el retiro que había aplicado el martes y que iba a tener efectos a partir del lunes próximo.
A la salida de la reunión de los jefes, la jefa oficialista alegó que el anuncio demostraba que el Ejecutivo no utilizaba el plan sobre crimen organizado como moneda de cambio para el avance de jornadas 4-3.
Agregó que Zapote aceptó convocar el plan sobre crimen organizado frente a la buena fe y compromiso que plantearon los diputados para hacer las mesas de trabajo sobre las jornadas flexibles.
Arias y Carlo Díaz habían propuesto que se mantuviera convocado el expediente 23.090 y se pudiera conocer en una sesión extra muy temprano, de 8 a. m. a 9:30 a. m., de lunes a jueves.
Posterior a eso, se realizarían las mesas de trabajo sobre el proyecto de jornadas 4-3, y este expediente 21.182 se volvería a convocar para el lunes 22 de mayo, después de cuatro días de negociaciones y diálogo sobre las dudas de las fracciones.
Esa opción fue finalmente aceptada por Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Previo a la reunión de los jefes de fracción, Arias, Carlo Díaz y Aguirre habían declarado públicamente que, para lograr su aprobación y vigencia antes del 7 de junio, el plan sobre crimen organizado no podría estar frenado más de 3 días a partir del lunes.
Ellos anunciaron en conferencia que habían estado en conversaciones con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, buscando opciones para mantener en la agenda parlamentaria el plan de crimen organizado.
La advertencia era que, de ampliarse mucho la desconvocatoria, eso impediría llegar a tiempo para que la iniciativa esté aprobada y vigente antes del 7 de junio, día en que quedan derogados artículos legales que hoy permiten mantener tras las rejas a una serie de cabecillas de organizaciones criminales.
Díaz insistió este jueves en ese riesgo, aunque evitó detallar los nombres de los 10 líderes delincuenciales y los casos a los que están asociados. El fiscal también puntualizó que están buscando opciones, tales como empezar investigaciones de nuevo, pero eso generaría atrasos.