Pese a que una ley aprobada por los diputados anteriores eliminó el pago de las anualidades de los años 2021 y 2022, como medida de ahorro por la pandemia de la covid-19, el Gobierno consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si en el 2023 debe desembolsar a los empleados públicos el monto que habría generado este incentivo salarial. De hecho, ya previó dinero para ello en el Presupuesto Nacional venidero.
Las anualidades consisten en un pago extra que se le adiciona a los salarios de los servidores públicos por cada año laborado. La consulta la tramitó el pasado 12 de agosto la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, mediante el oficio MIDEPLA-DM-OF-0903-2022, dirigido a la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas.
En el escrito, la ministra subraya las partes de la Ley 9908 aprobada por los diputados en octubre del 2020 que generan dudas al Gobierno sobre su implementación. Entre estas, el transitorio agregado a la Ley de Salarios de la Administración Pública, el cual dice que “no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022″.
“Para el caso de todas las instituciones de la administración central, estas no presupuestarán dichos recursos para los ejercicios presupuestarios 2021 y 2022 y harán los ajustes presupuestarios pertinentes, a fin de realizar el rebajo presupuestario correspondiente”, agrega el transitorio.
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En específico, la ministra le pregunta al abogado del Estado si, a partir de lo establecido por el transitorio, es correcto interpretar que las anualidades de esos dos años no deben ser presupuestadas ni giradas a los funcionarios de todo el Estado.
Pese a la consulta, aún en trámite, el Ministerio de Hacienda incluyó en la partida de remuneraciones, en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2023, el pago de dichas anualidades congeladas, por lo cual esa partida se incrementa en un 0,7%, al pasar de ¢2,76 billones en el 2022 a ¢2,78 billones el próximo año.
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sostiene que estaban obligados a incluir el pago de esas anualidades, aunque esté pendiente determinar si se deberán cubrir o no.
Eliminación quedó clara
Elian Villegas, exministro de Hacienda, por su parte, recuerda que el objetivo de la propuesta tramitada en el Congreso, en el año 2020, era suspender por completo el pago de esas anualidades, durante el 2021 y 2022, dado que para el 2023 entraría en vigencia la reforma al empleo público que establecerá un salario global, con un monto único en cada categoría, sin pluses.
De hecho, durante el debate en la comisión de Económicos, quedó claro que las anualidades correspondientes para esos dos años se eliminarían por completo.
José María Villalta, entonces diputado del Frente Amplio, al oponerse a la medida señaló que el Gobierno simplemente planteaba “una eliminación de las anualidades de los trabajadores del sector publico que equivale, en la práctica, a una reducción del salario”.
El frenteamplista añadió, durante una sesión del foro de Económicos del 10 de junio del 2020, que la anualidad es uno de los argumentos usado con frecuencia para no aplicar aumentos a la base del salario de los empleados públicos.
“Si esa anualidad se elimina, en la práctica, tenemos una reducción del valor real del salario, producto de la inflación y del aumento del costo de la vida. Sería distinto si el gobierno nos planteara ‘vamos a eliminar las anualidades, vamos a suspender las anualidades de los trabajadores con más altos ingresos pero también le vamos a exigir sacrificio a otros sectores, obviamente los sectores que pueden contribuir”, indicó en aquella oportunidad Villalta.
En la misma sesión, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca criticó que la iniciativa del Gobierno, para reducir el gasto público, golpeaba a los empleados, a los más débiles. “Estoy de acuerdo con un filtro de quitarle la anualidad a los trabajadores con ciertos salarios para arriba. Eso podría ser razonable”, analizó.
Enrique Sánchez, entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), aclaró en la misma discusión que el proyecto no reducía el salario de los empleados. “Genera, exclusivamente, el no pago de anualidad que se acumule el próximo año 2021 y el 2022. Es parte del conjunto de acciones tomadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para atender la emergencia”, explicó Sánchez.
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Justificación del proyecto
La exposición de motivos de la iniciativa planteada por el Gobierno de Carlos Alvarado planteó destinar los recursos del no pago de anualidades a la atención a la pandemia. La norma excluyó a los trabajadores de salud y la seguridad social, y de los cuerpos policiales.
Por esa razón, el texto base autorizaba a las instituciones autónomas transferir el monto de las anualidades a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que fuera incluido en el Fondo Nacional de Emergencias.
Sin embargo, tras una moción de la exdiputada liberacionista Silvia Hernández, acogida por la comisión de Económicos previo al dictamen, la transferencia a otras instituciones se eliminó, por lo que la reforma constituyó un ahorro.
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