La Presidencia de la República retiró desde el pasado 9 de noviembre, de la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que ordenaría a 14 empresas estatales aportar una parte de sus ganancias, durante cuatro años, al pago de la deuda pública.
Dentro de esas entidades están el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR).
Con la iniciativa, incluida dentro de la agenda negociada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda plantea recaudar ¢54.450 millones durante el primer año y ¢72.600 millones por cada uno de los siguientes tres años.
Presidencia incorporó este expediente en la primera convocatoria de 50 proyectos que envió al Congreso el 28 de octubre, junto con otros seis proyectos negociados con el FMI, antes de que empezara el periodo extraordinario en el que domina la agenda legislativa. No obstante, 12 días después, el 9 de noviembre, lo retiró de la convocatoria.
Laura Guido, jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), argumentó que existe un proceso de diálogo de por medio, pero prefirió dejar los detalles en el Ministerio de la Presidencia.
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Karine Niño, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión de Económicos, adonde se estudia el expediente, descartó que su bancada sea parte de alguna negociación. “Ellos vieron que el proyecto tenía mil errores, según las audiencias, por lo que lo revisarán”, aseguró la verdiblanca.
Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, negó que el Poder Ejecutivo haya desistido de impulsar la iniciativa. “Sin embargo, es fundamental priorizar en la concreción de iniciativas sobre las cuales se ha identificado un mayor espacio de convergencia y comprendiendo que es vital apoyar el trabajo de la comisión de (Asuntos) Jurídicos, se valora pertinente priorizar en primera instancia los otros dos proyectos convocados”, respondió Dinarte sobre la desconvocatoria.
En Jurídicos, la comisión a la que hace referencia la ministra, se rechazó el proyecto de reducción y eliminación de exoneraciones fiscales que abarcaba al salario escolar, y se dictaminó afirmativamente el impuesto del 0,5% a las casas con un valor superior a los ¢133 millones.
El impuesto a los premios de lotería, otro de los planes acordados con el FMI asignado a Jurídicos, no ha sido convocado por el Gobierno.
En cuanto al aporte de las empresas públicas, una nueva redacción presentada por el Gobierno a principios de setiembre, mantiene su discrecionalidad para definir el monto que cada entidad debe transferir anualmente.
Sobre este aspecto, la Procuraduría General dela República (PGR) sugirió evitarlo, ante la posibilidad de que sea declarado inconstitucional. “Tan solo establece un límite superior de la tarifa (hasta 30% de las utilidades) y delega en el Poder Ejecutivo la determinación final del porcentaje del gravamen, abierto a que el aporte sea diferente según la empresa pública, sin precisar ningún tipo de parámetro o criterio técnico en que fundamente su decisión”, señala la opinión del abogado del Estado.
Los bancos BN y BCR se declararon incapaces de cumplir con la contribución, sin poner en riesgo su capital y su capacidad para entregar créditos para la recuperación económica de los hogares y empresas costarricenses después de la pandemia.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el BCR y el BN propusieron echar mano de las cargas parafiscales que hoy pagan los bancos a otras entidades, las cuales se financian con sus utilidades anuales, para aportar al pago de la deuda pública del Gobierno Central.
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