Gobierno cierra albergue clandestino y abriría otro para 2.000 migrantes

Poder Ejecutivo analiza habilitar un tercer centro de atención de migrantes en la frontera sur, a 10 minutos de Paso Canoas

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El Gobierno desalojó y cerró el albergue clandestino que los migrantes haitianos habían levantado en el parqueo de la empresa de autobuses Deldú, en Peñas Blancas, a menos de un kilómetro de la frontera con Nicaragua.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo negocia el alquiler de unas instalaciones al otro lado país, a unos 10 minutos de Paso Canoas, en la zona colindante con Panamá, con capacidad para albergar allí hasta 2.000 personas.

Este jueves fueron sacados los últimos 130 migrantes que aún pernoctaban en Deldú en tiendas de campaña. Lo hacían en colchones inflables, debajo de un improvisado toldo blanco de gran tamaño, bajo pésimas condiciones de salubridad. Ellos fueron trasladados a los dos centros de atención que el Gobierno instaló en el cantón guanacasteco de La Cruz.

Una parte del grupo fue llevada al albergue que se abrió justo en el cruce entre la carretera Interamericana norte y el distrito de Santa Cecilia, en un terreno prestado por la Cámara de Ganaderos de Guanacaste. En ese lugar se colocaron 38 tiendas de campaña grandes, color verde, donadas por el gobierno de Estados Unidos.

El resto fue reubicado en el refugio habilitado en el gimnasio de El Jobo, a unos 16 kilómetros del centro de La Cruz.

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Según el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, ningún migrante mostró resistencia en el parqueo Deldú y lo abandonaron de forma pacífica.

El sitio fue invadido hace cuatro meses. Ahora, ese lugar será cercado con alambre de púas para impedir que sea ocupado de nuevo.

Herrera agregó que la clausura se realizó de forma paulatina desde el 27 de setiembre, pues en algún momento llegaron a aglutinarse hasta 2.000 personas, en su mayoría procedentes de Haití, aunque también había migrantes extracontinentales, principalmente de África y Asia.

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Otra parte de esa población ya salió del país por sus propios medios o pagándole a coyotes, quienes los ayudan a evadir el cierre fronterizo decretado desde mediados de noviembre del año pasado por el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.

Este flujo migratorio viaja por tierra desde Suramérica hasta Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

Desde abril, las autoridades migratorias han registrado el ingreso a suelo costarricense de más de 13.500 haitianos y extracontinentales, de los cuales en el país no quedan más de 1.500.

De esa población, 620 están en el albergue aledaño a la Interamericana y otros 250 duermen en el refugio en El Jobo. El resto está con sus propios recursos en otros lugares.

Más capacidad. Herrera afirmó que ampliarán la capacidad del albergue del cruce de Santa Cecilia, pues el fenómeno migratorio no se acabará pronto y, por el contrario, esperan recibir a más y nuevos migrantes en los próximos meses.

"Nosotros ya asumimos como país —y no solamente Costa Rica, sino todos los que estamos en esta ruta y que hemos atendido con responsabilidad esa situación— que esto es un fenómeno de largo plazo. Eso no es una situación que se va a acabar en diciembre, entonces como país debemos prepararnos para que esos flujos migratorios no se conviertan en una emergencia, sino que sean un fenómeno a administrar. Ya como país estamos entrando en una etapa de estabilización y estamos tomando las previsiones para poder atender no solamente lo que ya está entrando ahora, sino en el caso de que en el futuro haya picos o fluctuaciones que puedan provocar alguna tensión", detalló Herrera.

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Ante ese panorama, en ese albergue se colocarán más tiendas de campaña para dar refugio hasta a 1.200 personas. En cada tienda se ubica a unas 25.

Paralelamente, se negocia el alquiler de unas naves industriales en la zona sur del país, propiamente en el Carmen de Abrojo, en el cantón de Corredores, donde operaba la empresa Maderin Eco, subsidiaria de la multinacional brasileña fabricante de lápices Faber-Castell, que cerró sus operaciones en el país en noviembre del 2013. En las conversaciones participa el embajador de Costa Rica en Brasil, Jairo Valverde.

"Estamos buscando la forma de alquilar y habilitar unas instalaciones grandes en la zona sur, cerca de Paso Canoas, que esperaríamos comencemos el 2017 con esas instalaciones funcionando. De tal manera que ese sea el centro de recepción y control de flujos migratorios en el sur y que, a partir de allí, haya un paso controlado, administrado, hacia los lugares en el norte", añadió el jerarca de Comunicación.

Además, se evalúa abrir un tercer albergue en La Cruz, en un lugar que aún no está definido.

El pasado 21 de octubre, la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, dijo a La Nación que era previsible que el éxodo de esta población continúe al menos hasta setiembre del 2017, ya que el gobierno de Brasil seguiría otorgando un estatus de protección temporal a los haitianos, medida implementada tras el terremoto que azotó a Haití en el 2010.

Financiamiento. De momento, la atención de esos migrantes se cubre con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), otras instituciones públicas y municipalidades.

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Sin embargo, el Gobierno espera utilizar, a la brevedad posible, los más de $3 millones (¢1.680 millones) que están ociosos en tres fideicomisos creados por Migración, para la atención de la población migrante y refugiada, en el Banco de Costa Rica (BCR).

Se trata de dinero acumulado en los fondos Social Migratorio y Especial de Migración, creados en el 2009, así como del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el cual se financia con el cobro de $1 en el impuesto de salida del país y que data del 2013.