La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, afirmó este lunes que la diputada Carolina Delgado “al parecer” trata de defender a “los imputados y los delincuentes del crimen organizado”.
Navas hizo la afirmación al cuestionar las largas intervenciones de la liberacionista, en el plenario, para defender las 519 mociones que presentó en el proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado.
La vicepresidenta legislativa dijo que Delgado “está preocupadísima por las garantías constitucionales y en relación con la prisión preventiva” de esos delincuentes.
“Eso llama profundamente la atención”, fustigó Gloria Navas, quien además preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde se tramitó primero el proyecto de ley 23.090.
Con sus centenares de mociones, Delgado ha mantenido trabajando a los congresistas a jornada completa durante la última semana y, solo este lunes, los ha tenido en el plenario desde las 9 a. m.
La vicepresidenta legislativa también criticó que Delgado, en sus intervenciones, esté utilizando criterios de otras personas que sí son abogadas, aunque ella sea arquitecta, y alegó que eso podría ser ejercicio ilegal de la profesión.
Frente a la acusación que le hizo Gloria Navas, Carolina Delgado aseguró que se trata de una declaración irresponsable. “Ofenden a cualquier persona. Aquí, nosotros los diputados, no tenemos ningún requisito para venir a defender nuestros criterios”, dijo.
La liberacionista aseguró que ella no defiende esas posiciones en lo personal, sino que ha hablado con abogados constitucionalistas, porque “es un tema constitucional y doña Gloria, que es penalista, entonces ni siquiera debería abrir la boca, según ella”.
Delgado aseguró que “quien ha estado cerca de los narcotraficantes y los ha defendido es doña Gloria Navas”.
En el plenario, hizo referencia a una entrevista del 2005, en la que Gloria Navas habló de su trabajo como abogada en el caso de Ricardo Alem, quien fue condenado por tráfico internacional de drogas.
Ya el fiscal general, Carlo Díaz, había cuestionado cuáles son los intereses de la diputada verdiblanca para oponerse al avance de la iniciativa contra el crimen organizado, lo que ella calificó de irresponsable e irrespetuoso.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no la ha acuerpado en sus gestiones y, más bien, le pidieron retirar las mociones. Gilberth Jiménez, incluso, le pidió renunciar al partido.
El proyecto busca mejorar la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
La iniciativa establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Adicionalmente, el proyecto busca que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva y los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros.
La iniciativa aclara a quién le corresponde nombrar el personal de la JEDO en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir el personal pasados ocho años.
El proyecto faculta al Ministerio Público para que, una vez esté vigente la Jurisdicción Especial, se pueda solicitar por intermedio del fiscal general o el fiscal subrogante, independientemente de la etapa procesal, que la JEDO se arrogue el conocimiento de las causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto en discusión establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.