Gestión de vicepresidente Brunner derivó en polémico nombramiento en Banca para el Desarrollo

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Gestiones del primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, derivaron en un polémico nombramiento en el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), al grado de que la designación debió ser revertida y, ante lo sucedido, uno de los directivos prefirió renunciar.

A instancias de un criterio legal enviado por Brunner, los representantes del Gobierno en el Consejo Rector eligieron el 31 de mayo al ministro de Turismo, William Rodríguez, como presidente del SBD, pese a que un dictamen jurídico de esta institución y otros miembros del Consejo advirtieron de esta selección era contraria a la ley.

El 25 de mayo, el asesor legal del SBD, Alejandro Vásquez, determinó que Rodríguez no podía asumir la presidencia porque es un ministro sin cartera y, en realidad, asiste como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), según lo establece la ley.

El artículo 13 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo otorga la presidencia y vicepresidencia a los “ministros” que integran el Consejo, no así a los demás representantes. La norma prevé la participación de los titulares de Economía y Agricultura, mientras que el representante del ICT fue incorporado en una reciente reforma de abril del 2022.

Ante la existencia del criterio legal interno y de cara la sesión en la que se definiría la presidencia del Consejo, el vicepresidente Brunner pidió verbalmente a su asesor legal, Luis Fallas (q.d.D.g), otro criterio para sostener el nombramiento de Rodríguez.

Dicha solicitud fue atendida por el abogado el 30 de mayo, en el oficio PR-PPV-22-020. En este, resolvió que la designación sí correspondía.

Con base en ello, el 31 de mayo, los tres delegados del Gobierno, junto con el delegado de la Cámara Nacional de Turismo, Rubén Acón, eligieron al jerarca de Turismo como presidente del SBD.

Por parte del Poder Ejecutivo, votaron a favor los ministros de Economía, Agricultura y Turismo, Francisco Gamboa, Laura Bonilla y el propio William Rodríguez.

Votaron en contra los representantes de las cámaras de Industrias y Agricultura. No estuvo presente el delegado del Colegio de Ciencias Económicas.

Ante lo sucedido, Juan Rafael Lizano, quien era el representante de la Cámara de Agricultura, renunció a su puesto por lo que consideró un “desastre” en el manejo de la situación por parte de las autoridades de Gobierno, según dijo a La Nación.

Procuraduría desempató criterios

El pasado 6 de setiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) desempató los criterios legales y derribó los argumentos del despacho del vicepresidente Brunner.

La PGR concluyó que la presidencia del SBD “únicamente puede ser ocupada” por los ministros de Economía o Agricultura y, por lo tanto, “el presidente del ICT no puede ser designado como presidente del órgano colegiado, aun cuando ostente un nombramiento de ministro sin cartera”.

El criterio legal aclaró que el artículo 13 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo no incluyó al presidente ejecutivo del ICT, dentro del rango de ministro.

Un ministro sin cartera es un funcionario político, sin carga administrativa, cuyo nombramiento o no es decisión del presidente de la República. En el caso de Turismo, ese cargo usualmente lo ostenta quien ocupa la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Rodríguez se mantuvo en la presidencia del SBD desde el 31 de mayo hasta el 13 de setiembre.

La Nación procuró una reacción del ministro de Turismo; sin embargo, rechazó referirse directamente a los hechos. También, este medio envió consultas al despacho de Brunner y se está a la espera de la respuesta.

Ante consultas de la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), el vicepresidente Brunner manifestó a la congresista, por escrito, que el criterio legal emitido desde su despacho se hizo para “orientar” a los ministros en su decisión sobre la presidencia del SBD, y reconoció que su criterio no es vinculante para estas decisiones.

La legisladora Ramírez había consultado al vicepresidente bajo cuál criterio había actuado; ella hizo la pregunta luego de recibir denuncias sobre una presunta ilegalidad en el nombramiento de la presidencia del Sistema de Banca para el Desarrollo.