El gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Douglas Soto, afirmó que este no es un buen momento para vender esta entidad bancaria, por la situación económica global y local, en la que hay contracción económica y altas tasas de interés.
La afirmación del gerente obedeció a una consulta del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP). Soto enfatizó que, en el presente, hay que asumir más riesgos para colocar crédito y es más costoso por el aumento de las tasas, porque el costo financiero aumenta y las personas demandan menos crédito.
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Junto con Soto, se presentó ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa el gerente jurídico de la entidad, Manfred Sáenz, quien expuso un informe del BCR en el que se advierten omisiones, inconsistencias e inconstitucionalidades de la propuesta legal.
Ese documento critica, por ejemplo, la discrecionalidad que tendrían los ministros para escoger la asesoría para la venta y el porcentaje de ganancia que recibiría el ganador de ese contrato.
Douglas Soto añadió que la venta del BCR sería un duro golpe para el mercado financiero del país, sobre todo porque es una entidad enfocada en la colocación en colones, con una cartera del 75% en moneda nacional y 25% en dólares.
“Desde el punto de vista de vender, perdería el país una importante herramienta de desarrollo sostenible. Como funcionario del banco, en lo personal, no puedo estar de acuerdo. El proyecto tiene muchísimas falencias y omisiones significativas, de un negocio tan complejo como el BCR. Se vuelve bastante compleja la venta tal como está expuesta”, respondió Soto a Kattia Rivera, jefa del PLN.
En ese sentido, el gerente del BCR enfatizó que privatizar no favorecería la competencia, sino que más bien permitiría una concentración de la colocación en colones, en el Banco Nacional y el Banco Popular.
Soto también destacó que la propuesta significa vender el banco con 163 oficinas en todo el país, en lugares incluso no es rentable tener agencias, pero donde están porque la misión del BCR es impulsar el desarrollo social, económico y la competitividad.
Según el gerente, muchas de esas oficinas seguramente serían cerradas, pues un banco privado tiene como su principal objetivo la utilidad y no la bancarización de las zonas rurales.
El banco tiene hoy 4.300 colaboradores, incluyendo los de subsidiarias, y de esos 3.900 son del banco propiamente. El gerente jurídico, Manfred Sáenz, acotó que el proyecto no especifica si se deberían liquidar a todos esos empleados, en caso de pasar a ser empleados de la sociedad anónima que se pretende crear.
Consultado por el diputado Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional (PLN), y por Olga Morera, de Nueva República, Douglas Soto indicó que no hay certeza de lo que pasaría con los 14 fideicomisos de obra pública que administra hoy la entidad bancaria, incluyendo el edificio de la Asamblea Legislativa.
El gerente general también advirtió del costo que implicaría pasar las plataformas que el BCR tiene para el Poder Judicial, pues se requieren estudios y sobre todo niveles de seguridad.
La diputada preguntó si hay opciones para el personal. “Nada”, respondió Sáenz.
Douglas Soto apuntó que las prestaciones de los empleados del BCR costarían alrededor de ¢20.000 millones.
Frente a consulta de Vanessa Castro, diputada socialcristiana presidenta de Económicos, Douglas Soto confirmó que no se ha realizado un due diligence (debida diligencia, investigación o informe sobre actividad, riesgos, costo de una empresa) y respondió que si no se ha hecho tal cosa, habría que preguntarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de dónde salen esos datos sobre el costo de venta previsto.
Soto dijo que, en su opinión, el BCCR no tomó en consideración el tamaño de la cartera de cuentas y servicios públicos que brinda el BCR.
A petición de Sofía Guillén, del Frente Amplio, Manfred Sáenz manifestó que la única carga parafiscal que permanecería, luego de la venta del BCR, sería la del Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), pero se perderían las que reciben el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, la del Infocoop y la que se paga a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).