El proyecto de garantías económicas agoniza conectado a una endeble línea de oxígeno.
Los síntomas de su "muerte lenta" saltan a la vista en el plenario legislativo: distanciamiento entre oficialismo y oposición, apatía al diálogo, conformismo y una notoria premura por deshacerse ya de este tema.
Bernal Aragón, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reiteró ayer su solicitud al directorio de la Asamblea Legislativa de que esta reforma constitucional sea sometida a votación de inmediato.
"Damos por finiquitadas las negociaciones. No tenemos nada más que decir sobre este tema", dijo anoche a La Nación.
Aragón insistió en que no tiene sentido darle largas al asunto pues la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) mantiene su posición en torno a los dos puntos que significaron la ruptura del acuerdo de la semana pasada.
El jefe del oficialismo, Luis Gerardo Villanueva, afirmó que su agrupación está anuente al diálogo. Pero Antonio Alvarez, presidente del Congreso, calificó de "difícil" que se pueda llegar a un entendimiento.
"Pienso que llevamos una ruta de colisión. La tendencia que llevamos es a que no se apruebe el proyecto", aseveró Alvarez.
Villanueva resaltó -al igual que Aragón- la urgencia de que haya una definición rápida sobre este tema para evitar que se entrabe la discusión de otras iniciativas que hacen cola en la agenda del plenario.
Ayer en la mañana un grupo integrado por intelectuales, figuras políticas y Rodrigo Alberto Carazo, Defensor de los Habitantes, visitó a Alvarez para pedirle detener el trámite del proyecto y abrir un debate nacional.
El jerarca legislativo consideró la idea inoportuna dado que el plan "está más bien en vías de archivo".
Con respirador
Si la decisión fuera del PUSC las garantías económicas hubieran sido votadas ayer.
Dicha iniciativa -que forma parte del pacto Figueres-Calderón- propone, entre otros, fijarle un tope anual al déficit fiscal del 1 por ciento del Producto Interno Bruto y fortalecer el control del Congreso sobre el gasto público.
Aragón y Lorena Vásquez, subjefa de oposición, sostuvieron ayer una corta reunión en el plenario legislativo con Alvarez, Villanueva y Roberto Obando, subjefe del oficialismo, para proponer que el plan se votará de una vez.
Fuentes políticas comentaron que existe anuencia en los diputados minoritarios a retirar todas sus mociones para que el proyecto se pueda discutir. Pero los liberacionistas pidieron esperar al lunes para tomar una decisión.
Ambas agrupaciones rompieron negociaciones el pasado lunes debido a dos observaciones hechas por el PLN.
Se trata de una propuesta de excluir los gastos no operativos del Estado (salarios) en salud y educación, de la medida de que los egresos corrientes solo puedan ser financiados con ingresos corrientes.
La otra es una negativa hacia la idea socialcristiana de modificar el texto para especificar que la nueva autoridad reguladora de los servicios públicos no estará sujeta a las directrices del Poder Ejecutivo.
El PUSC afirma que estas medidas ocasionarán que se rompa el tope del déficit fiscal y le permitirá al Gobierno financiar sus gastos con aumentos de tarifas. El PLN garantizó que no se burlarán las limitaciones.