Laura Fernández, la ministra de Planificación designada por el presidente electo, Rodrigo Chaves, anunció que buscará aclarar algunos “puntos grises” en la ley de empleo público aprobada por los diputados, por medio de consultas de legalidad y reuniones con expertos y “funcionarios públicos de excelencia”.
“Sí hay algunos puntos grises que van a requerir que el Reglamento los aclare, para dar seguridad jurídica tanto a los operadores del sistema, como a los empleados públicos que merecemos y requerimos tener, en beneficio de los servicios públicos que prestan nuestras instituciones”, declaró Fernández, luego de ser anunciada como integrante del gabinete que entrará en funciones el próximo 8 de mayo.
Fernández Delgado no especificó cuáles son los temas de la ley que desea aclarar. También evitó responder si se presentarán reformas específicas ante la Asamblea Legislativa. Se limitó a decir que tal medida se tomaría si se llega a considerar necesario, a partir de las recomendaciones que hagan “los expertos”.
Durante su periodo como ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves abogó por la aprobación de una ley de empleo público, pero en febrero, durante la campaña, calificó la ley aprobada como “un adefesio” e insistió en que era necesario reformarla, sin especificar nunca los posibles cambios.
La Ley Marco de Empleo Público, aprobada en la Asamblea Legislativa a inicios de marzo, busca establecer el principio de “para igual trabajo, idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones” en el sector público.
La reforma, que es parte del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI), introduce el salario global en el sector público, en lugar de la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Así, se debe definir una remuneración para cada puesto en el Estado, sin necesidad de incentivos.
El texto ya fue firmado por el presidente Carlos Alvarado, pero sus disposiciones entrarán a regir en el 2023, por lo que le corresponderá al gobierno de Rodrigo Chaves aplicarlos, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Al respecto, la futura jerarca de Planificación afirmó que trabajará con cautela para que los cambios incluidos en la nueva legislación mejoren la calidad de los servicios públicos, al tiempo que brinden seguridad jurídica a los trabajadores.
La politóloga, quien fue asesora del alcalde de Cartago y exdiputado Mario Redondo, afirmó que aceptó el cargo con un “propósito de diálogo”.
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“Vamos a sentarnos en una mesa para conocer no solo los detalles de los alcances jurídicos y si es del caso, plantear algunas consultas de legalidad a la Procuraduría General de la República, que pueda aclararnos y evitar dar pasos en falso en una materia muy importante para el desarrollo nacional, pero también para los trabajadores del sector público, por supuesto”, aseveró Fernández.
Para la implementación de la ley, añadió , espera hacer equipo con el directora general del Servicio Civil, puesto que aún no ha sido designado.
Aseguró que también espera mantener el diálogo con las instituciones del sector descentralizado, que deberán someterse a las nuevas reglas del juego luego de muchos años de autorregularse; así como con una representación de los trabajadores públicos.
“Hay que recordar que la ley entra en vigencia en marzo del próximo año, así que pienso hacer un ejercicio técnico y riguroso, de diálogo y escucha, donde por supuesto que se tome en consideración a los funcionarios públicos de excelencia, se establezcan los parámetros para generar resultados, eficiencia, mediciones de evaluación del desempeño”, afirmó la futura jerarca.