La subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Rocío Cerdas, presentó la renuncia a su cargo, para evitar una condena por violentar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en medio de un proceso judicial.
Cerdas, quien era la llamada a ejercer la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) a inicios del Gobierno, fue denunciada ante la Contraloría General de la República por ejercer como abogada en horas de trabajo. Además, por no reportar su participación en varias sociedades anónimas.
El procurador a cargo del caso, Ronald Víquez, confirmó que Cerdas propuso renunciar y devolver al Estado ¢6,62 millones por el dinero que ganó pese a la prohibición de ejercer su profesión liberalmente y por las costas del proceso.
Ese mecanismo para evitar la sanción penal se conoce como sanción del proceso a prueba (por dos años), explicó Víquez. Añadió que la Asamblea Legislativa no puede permitir que Cerdas siga en su puesto como subdirectora de Servicios Técnicos.
Reubicación. Pese al acuerdo con la Procuraduría General de la República, el directorio del Congreso había tomado un acuerdo, el 10 de setiembre, en el cual aceptó la renuncia de Cerdas y acordó renombrarla en un puesto idéntico, pero en otro departamento, el de Recursos Humanos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, manifestó que esos acuerdos se echaron para atrás este martes, ante información que llegó al directorio sobre la suspensión del proceso judicial.
“Ella presentó la renuncia ante la Presidencia del Congreso”, confirmó Mendoza. Sin embargo, evitó explicar por qué se intentó renombrar a la funcionaria en otro departamento y se negó a decir quién llevó la propuesta a la reunión del directorio.
Anoche se intentó conversar con Rocío Cerdas, para conocer su posición sobre el caso, pero no contestó las llamadas que se le hicieron a su número de teléfono.