El caso de Gerardo Vargas Varela, jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), quedará archivado en los registros del FA, sin ningún tipo de investigación.
Las autoridades de la agrupación evadieron indagar por qué el diputado mantenía fincas de 56.000 metros cuadrados, con un valor reportado de ¢800, ante la Municipalidad de Turrialba.
Así lo confirmó la legisladora y presidenta del Partido, Patricia Mora Castellanos, quien respondió a La Nación que el caso quedó claro y no quiere profundizar en ello.
“Me parece que no hay elementos suficientes como para entrar a hacer una descalificación de los compañeros. (...). Todas y todos los militantes del FA y, más aún, los que tenemos cargos de elección popular, tenemos la disposición y la obligación de tener nuestras vidas absolutamente abiertas al escrutinio público”, dijo Mora.
La congresista respondió las preguntas que el excandidato presidencial y exlegislador José María Villalta ha preferido evitar, pues ha rechazado contestar llamadas o atender a La Nación para hablar de la responsabilidad política de Gerardo Vargas.
“No tenemos nada sucio que ocultar, ningún manejo oscuro. Ya le digo: ni siquiera entro a hacer una comparación con el caso del señor Herrero (Fernando, exministro de Hacienda, quien renunció a esa cartera por un caso de propiedades con subvaloradas)”, adujo la parlamentaria.
La presidenta frenteamplista comentó que no conoció el detalle del caso Herrero, pero añadió que considera ese asunto es totalmente diferente al de Vargas.
El jefe de la fracción del Frente Amplio aseguró que él quiso hacer una declaración correcta por el costo de las tierras, en enero, pero argumentó que la Municipalidad de Turrialba alegó que no podían hacerlo, por asuntos de actualización del sistema de registro de valor de propiedades.
El municipio rechazó esa versión del legislador y le abrió las puertas para que reportara el valor real de sus propiedades, por las cuales solo pagaba ¢20.000.
Vargas actualizó el valor de sus terrenos el 7 de agosto, ya no en ¢800, sino en ¢84 millones, por lo que el próximo año deberá cancelar ¢210.000 de impuesto sobre los bienes inmuebles.
Pese a que Villalta reconoció públicamente que se había equivocado al defender a capa y espada a Gerardo Vargas, Patricia Mora insistió en que el diputado “no ha cometido ningún ilícito”.
Primero, Villalta adujo que no había irregularidades en el caso y, luego, apuntó que lo mejor era que el legislador hubiera declarado correctamente sus fincas.
“Lo más rescatable que por lo menos como presidenta me gustaría reseñar, es eso, cuando alguno o alguna tenga un problema que atente contra nuestro Código de Ética, que no es este el caso, efectivamente daremos cuentas ante la opinión pública”, expresó la parlamentaria.
“Como Comité Ejecutivo y como dirección del Partido, tomaríamos las medidas que hubiera que tomar”, concluyó.