La Comisión Política del Frente Amplio emitió, este viernes, un manifiesto a raíz de las protestas de estudiantes y ciudadanos en varias ciudades de Nicaragua y dijo en el documento que otros estados podrían aprovechar la situación para generar caos y violencia en ese país.
En su nota, alegaron que esos otros países, de los que no hicieron mención directa, podrían estar generando situaciones de caos junto con “sus aliados internos”, en medio de las manifestaciones que iniciaron en contra de la reforma a las pensiones.
Esas manifestaciones y las actuaciones de la policía, así como los grupos de choque paramilitares aliados del Gobierno, han dejado ya el saldo de al menos 28 muertos, según informaciones publicadas por La Prensa nicaragüense y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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En su manifiesto público, el FA hizo un llamado a que cesen los actos de violencia de ambas partes y que eso permita “que el derecho a la protesta pacífica se pueda efectuar sin causar afectaciones a la integridad de las personas”.
El partido costarricense de izquierda, que tuvo nueve representantes al inicio del gobierno de Luis Guillermo Solís y llega con solamente una curul para la nueva Asamblea Legislativa, evitó valorar las razones de las manifestaciones que entran ya en su quinto día activas.
“Lo que se ha esgrimido como justificante, la reforma al régimen de cotización y pensiones del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), no lo entraremos a valorar, por cuanto corresponde a una decisión de carácter interno del Estado nicaragüense, que debe ser abordado sin injerencias de orden externo”, dice la Comisión Política frenteamplista.
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Ese órgano político también manifestó que los hechos de los últimos cinco días provocan inestabilidad y zozobra al pueblo de Nicaragua, por lo que aparte del llamado al cese de la violencia, el documento hace votos para que se permita el derecho a la protesta pacífica, sin afectar la integridad de las personas ni la propiedad privada.
“Asimismo, llamamos al gobierno de Nicaragua para que sopese y pondere adecuadamente su actuación, para que la misma se apegue en el respeto a los Derechos Humanos. Esperaríamos de parte de quienes se manifiestan un talante y un comportamiento similar. El cariño que le tenemos al pueblo nicaragüense es lo que nos mueve a este llamado”, dice el manifiesto frenteamplista.
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Las reformas al sistema de la seguridad social nicaragüense, aprobada por un decreto de Daniel Ortega esta semana, establecen el aumento de las cotizaciones de trabajadores y patronos, así como la activación de un cobro del 5% a los ya jubilados.
Actualmente existen cerca de 200.000 jubilados en Nicaragua, que reciben en promedio $300 y $500 de pensión.
Las reformas promovidas por el gobierno de Daniel Ortega llegan a pesar de que, al entrar al gobierno, el mandatario recibió el fondo jubilatorio con un superávit de ¢18.000 millones ($32 millones), según reportan los medios nicaragüenses como Confidencial y La Prensa.