El jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, negó tener conocimiento de que su compañero de bancada, Gerardo Vargas Varela, hubiera visitado en dos ocasiones la Aresep, junto a tres empresarios autobuseros, para cuestionar la nueva metodología para el cálculo de las tarifas de autobuses.
Según Araya, los legisladores no acostumbran a informar del nombre de las personas con quiénes se reúnen.
“Nosotros no sabíamos (...). Los diputados no le cuentan ni preguntan a la fracción con quién van a ir a una determinada audiencia; eso es un asunto de cada diputado”, expresó el frenteamplista.
Araya se abstuvo de calificar lo hecho por Vargas: “Me apego a lo que el diputado ha dicho públicamente de que está defiendo a los usuarios, que es a los usuarios a quienes se está afectando”.
Además, dijo que los cuestionamientos de Vargas a la nueva metodología no han sido analizados en el seno de la fracción.
El pasado 16 de mayo, Vargas acudió a las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para reunirse con el nuevo regular general, Roberto Jiménez, con el objetivo de conversar sobre el modelo tarifario. Esa era la segunda vez que iba allí, pues cinco meses antes acudió para reunirse con el anterior regulador, Dennis Meléndez.
A las dos citas, el legislador llegó acompañado por Jorge Arturo Herrera, gerente de la Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados (Coopana R. L.), la cual opera la línea de buses entre San José y Tibás, y por Maritza Hernández, apoderada general del Consorcio de Transportes Cooperativos Metrocoop, concesionario de rutas de autobuses en los Hatillos y Alajuelita, y quien además es la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes.
A esos encuentros también invitó a Carlos López, apoderado generalísimo de la empresa Transporte del Atlántico Caribeños (Tracasa), que opera rutas en Limón, Batán, Siquirres, Pocora, Guácimo y Guápiles.
Vargas alega que fue con ellos porque forman parte del equipo con el que analizó las repercusiones de la nueva metodología, al tiempo que negó que estuviera defendiendo sus intereses.
“Les afecta a ellos y a todos los empresarios de buses de este país. Así como fui con ellos tres, pude haber ido con 400 empresarios de bus que hay en este país. El tema no es defender a ninguna empresa, es defender a los usuarios de transporte público”, enfatizó el legislador.
Gerardo Vargas alega que la metodología generaría 5.000 desempleos, pues deja en desventaja a los pequeños autobuseros.