Fracasó en la Asamblea Legislativa, este lunes, el intento del Gobierno y 40 diputados por frenar la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contratación Pública, de manera que las nuevas reglas de transparencia entrarán a regir este jueves 1.° de diciembre en todo el Estado.
El intento naufragó por un riesgo de vicio en el procedimiento. Aunque el plan fue dispensado de todo trámite el jueves pasado, con 40 votos a favor, era imposible eludir trámites obligatorios antes de someter el texto a primer y segundo debate, a más tardar el miércoles.
El expediente 23.471, presentado por la liberacionista Carolina Delgado, debía ser consultado a todas las instituciones públicas que afecta; es decir, a prácticamente todas las que componen el Estado.
Este lunes, luego de recibir un criterio del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, el presidente del Congreso, el también liberacionista Rodrigo Arias, informó a los jefes de las seis fracciones parlamentarias de que estaba obligado a hacer dichas consultas.
El plazo para recibir las respuestas era de ocho días hábiles, periodo que terminaría después de que entre en vigencia la Ley General de Contratación Pública.
El subjefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y el jefe del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, confirmaron que la necesidad de consultar el expediente, planteada por Rodrigo Arias, derivó en la imposibilidad de tramitar el proyecto antes del jueves.
Por eso, el texto ni siquiera fue puesto en la agenda legislativa de este lunes.
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a realizar las compras de bienes, servicios y otro tipo de contratos públicos mediante un sistema digital único, el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), a fin de generar mayor transparencia desde las compras más pequeñas hasta las más grandes.
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El intento original de Carolina Delgado era posponer esa entrada en vigencia por un año. Luego, un acuerdo de las bancadas políticas planteaba que la postergación fuera de seis meses.
El Gobierno convocó el proyecto de aplazamiento y la fracción oficialista alegó que esta era solicitada por las asociaciones de desarrollo, mientras que otras fracciones también señalaban requerimientos de municipalidades y juntas de educación.
No obstante, para que pudiera funcionar, el proyecto de Delgado debía aprobarse este lunes, en primer debate, y a más tardar el miércoles por la mañana, en segundo debate, para lo cual debían hacer una sesión extraordinaria, por la mañana.
Jonathan Acuña dijo que, durante un receso, Arias les confirmó que realizaría a partir de este lunes las consultas obligatorias y el frenteamplista enfatizó que él coincide con eso.
“Él preguntó si el expediente se mantenía en la moción de posposición o no, porque la consulta tiene ocho días hábiles para que las instituciones respondan. Ante eso, las mismas fracciones dijeron que no se incorporara y a mí me parece muy bien, porque eso lo presentaron de manera atropellada y no querían dar una discusión a fondo de postergar la vigencia de la nueva ley”, comentó.
Acuña enfatizó que hay una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo por no haber publicado los reglamentos a la Ley General de Contratación Pública y por no acompañar a las instituciones que están obligadas a seguir las reglas de transparencia de la nueva legislación, mientras que la Contraloría General de la República ha llevado adelante una serie de esfuerzos por capacitar a las entidades públicas.
La liberacionista Carolina Delgado lamentó la decisión, aunque reconoció que era imposible que los tiempos permitieran el trámite legal del expediente 23.471.
“Es muy lamentable para la seguridad jurídica de muchas instituciones públicas y organizaciones que administran fondos públicos que no se haya avanzado con este proyecto. Los tiempos no permiten que se apruebe. Esto arriesga a que haya una confusión normativa por una ley que entra a regir, pero sin que se conozcan los reglamentos”, dijo.
Alegó la verdiblanca que haber realizado las consultas no era pertinente, pues su proyecto solo modificaba un transitorio sobre la entrada en vigor del proyecto. Sin embargo, el expediente planteaba modificar al menos tres transitorios de la ley que está por aplicarse.