El Ministerio Público planea acusar en octubre a los sospechosos de haber cometido irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza 1856.
Preliminarmente, la Fiscalía evalúa imputar cargos como estafa y peculado (distracción de fondos públicos) a unas 27 personas, dijo el fiscal general, Jorge Chavarría.
Según explicó el jefe del Ministerio Público, la acusación pesaría sobre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y proveedores de maquinaria contratados por esa institución.
Sin embargo, el órgano acusador del Estado todavía está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entregue un informe contable, el cual se prevé que esté terminado en julio.
“A partir del momento en que esté lista esa prueba, los fiscales deben realizar el estudio para determinar cuántas personas se van a acusar definitivamente. Aparte de ese documento, se tienen testimonios y otro tipo de elementos”, añadió Chavarría.
“El caso permite la acusación, pero falta como complemento el informe del OIJ para determinar la responsabilidad de cada persona. Puede ser que el OIJ cambie lo que se cree de cada uno, de modo que el número de personas acusadas puede aumentar o disminuir”, continuó el jefe del Ministerio Público.
Entre los investigados, están el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, así como los funcionarios que se encargaron del proyecto por parte de esa entidad: Miguel Ramírez y Manuel Serrano.
También figuran los contratistas David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz.
José Miguel Villalobos, abogado de Manuel Serrano (uno de los investigados), dijo ayer que no iba a referirse al tema hasta no tener la acusación en sus manos.
La trocha 1856, que se extiende a lo largo de 160 kilómetros en forma paralela a la frontera con Nicaragua, fue un proyecto impulsado por la administración de Laura Chinchilla en respuesta a la invasión del gobierno de Daniel Ortega a isla Calero, Pococí, ocurrida en el 2010.
Además, se rehabilitaron más de 440 kilómetros en vías de acceso. Con un costo de más de ¢20.000 millones, la obra se inició en diciembre del 2010 de manera confidencial, sin que mediaran concursos en la contratación de empresas.
Luego, en mayo del 2012, la expresidenta Chinchilla denunció públicamente que funcionarios del Conavi habrían recibido dádivas de empresarios de construcción a cambio de beneficios en las obras de la trocha fronteriza.
El caso le costó el puesto al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, por su responsabilidad política.
“El Gobierno no va a admitir que una obra tan importante para el país haya sido usada para el enriquecimiento ilícito de funcionarios o de empresarios privados”, dijo Chinchilla en aquel momento.