El fiscal del Ministerio Público, Alexánder Valverde, pidió dos años de prisión en contra de la exdiputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro, por falso testimonio.
Valverde aseguró que Garro afectó a la administración de justicia al brindar testimonio falso, durante un juicio en el 2016, en el que se condenó al PAC por estafa en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El fiscal explicó que, si bien el delito por el cual se le acusa tiene una pena mínima de un año de prisión, él pide dos porque, cuando Garro brindó falso testimonio, ella era diputada y jefa de fracción de su partido.
Por lo tanto, según el fiscal, la política faltó a la verdad en calidad de funcionaria pública.
En el 2016, el tesorero Maynor Sterling y el colabador Manuel Antonio Bolaños, ambos de Acción Ciudadana, fueron condenados por cobrarle al TSE ¢353 millones en contratos de servicios especiales de personas que en realidad trabajaron de gratis de previo a las elecciones del 2010.
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El partido fue condenado solidariamente a pagar ¢353 millones. Luego, el Tribunal de Apelaciones elevó la sanción a ¢516 millones. El caso está en apelación ante la Sala III.
El Ministerio Público sostiene que, tres años antes del debate, Garro aseguró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se desempeñó como jefa de campaña del PAC en Puntarenas y que se encargó de entregar los contratos a los demás colaboradores de la provincia.
Sin embargo, durante el juicio, ella declaró ante el Tribunal no recordar mucho de lo dicho al OIJ en el 2013.
Además, negó que ella hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.
Valverde sostiene que la exdiputada incurrió en tres falsedades:
La primera es que ella indicó, en el juicio anterior, que había recibido los contratos del comité cantonal de Puntarenas, cuando en realidad los recibió de Manuel Antonio Bolaños, quien fue uno de los dos condenados en 2016.
La segunda es que había indicado que la documentación le llegó a Puntarenas sin saber cómo, pero en realidad, según Valverde, se los llevó Bolaños.
Y la tercera fue haber dicho que los contratos los había repartido el comité cantonal cuando en realidad fue ella.
El Ministerio Público aseguró que cinco contratos fueron distribuidos por Garro a colaboradores del partido en El Carmen de Puntarenas.
El perjuicio a la justicia se dio, según el fiscal, porque el falso testimonio de la exdiputada impidió robustecer la prueba en contra de Bolaños y, además, impidió darle trazabilidad a los contratos firmados por los colaboradores del partido.
Este jueves, el abogado Santiago Arguedas, defensor de Garro, pidió la absolutoria por dudas, pero también, en caso de que Garro sea condenada, pide la pena mínima y que esta la pueda cumplir bajo el beneficio de ejecución condicional de la pena.
“La prueba recabada por el Ministerio Público nunca logró demostrar falso testimonio de Doña Laura”, aseguró Arguedas.
Por su parte, Garro consideró injusta la solicitud del Ministerio Público y sostuvo que nunca incurrió en falsedad, porque siempre ha dicho la verdad.
“Yo siempre dije que yo recibí (contratos) de un comité cantonal. Tal vez no declaré lo que los demás querían que yo declarara, pero realmente a nosotros los documentos nos llegaban por encomienda".
“Realmente nosotros, como comité cantonal, tomábamos decisiones en Puntarenas con directrices del partido. Yo he sido clara, teníamos directrices del partido, pero normalmente todo lo que era documentación, signos externos, todo se nos enviaba a nosotros por encomienda”, sostuvo Garro al término del periodo de conclusiones.
Antes, le dijo al juez Omar White que ella nunca actuó con dolo para favorecer a su partido en el juicio de 2016, tal y como se lo atribuyó Greysa Barrientos, quien fue fiscala durante el anterior juicio.
Por tanto, dijo que espera la confirmación de su inocencia en el fallo, el cual está previsto sea a las 8:30 a.m. de mañana viernes, en los Tribunales de San José.
Este jueves, Sara Elizabeth Ramírez Campos, quien colaboró como cocinera en dos campañas del PAC, en Puntarenas, aseguró que ella firmó un contrato por esos servicios brindados y que fue la exdiputada de esa partido, Laura Garro, quien le llevó el documento hasta su casa.