El Ministerio Público abrió una investigación contra el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, por el delito de instigación pública, luego de que la abogada Gloria Navas presentara una denuncia penal contra el sindicalista.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía, este jueves, una semana después de que llegara el reclamo firmado por Navas y el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle.
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La Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José confirmó que procedió a tramitar la denuncia dentro del expediente 19-647-0619-PE y que se investiga a Vargas Barrantes por un presunto delito de instigación pública.
No se brindaron más detalles acerca de la causa, porque al tratarse de una etapa privada para personas ajenas al proceso, el Código Procesal Penal impide dar más detalles acerca de la misma.
Navas interpuso la denuncia luego de que Albino Vargas hiciera, el pasado lunes 9 de setiembre, un llamado público a bloquear fronteras y las principales carreteras nacionales. Ese día, el líder de ANEP propuso un gran paro nacional.
“La tesis de paro nacional es correcta, un gran paro nacional, pero de verdad: cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..., hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, les dijo Vargas en el auditorio de la Conferencia Episcopal, a los representantes de un grupo llamado Mesa Social Multisectorial, que incluye sindicalistas, transportistas, estudiantes, pescadores y agricultores.
Además, durante una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, ocurrida el 3 de setiembre, Vargas señaló a un fotógrafo de La Nación que cubría la actividad e incitó a varios huelguistas a sacarlo del lugar, quienes agredieron al reportero gráfico.
Aparte de Navas y Hernández Valle, la denuncia ante el Ministerio Público cuenta con el apoyo del grupo Movimiento Ciudadano CR.
Según la denunciante, Albino Vargas "incita e instiga a sus seguidores a cometer delitos que afectan seriamente la paz social” del país.
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Navas aseguró que el llamado del dirigente de ANEP a cierres y bloqueos implica “un gravísimo y serio daño a derechos esenciales de los ciudadanos”.
Entre esos derechos, la abogada enumeró el derecho a la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la atención médica, a la educacion, al transporte y “a todas aquellas circunstancias relacionadas con el movimiento de la población, el comercio nacional e internacional”.
En la denuncia, los abogados pidieron que se ordenen medidas cautelares contra el sindicalista, y señalaron que el delito de instigación pública se describe en el artículo 280 del Código Penal, el cual señala un pena de seis meses a cuatro años de prisión para quien “instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública”.
Cuando los abogados presentaron la denuncia contra Vargas, se intentó tener una reacción de parte del sindicalista, pero alegó que no respondería consultas de este periódico. Tampoco ha reaccionado de ninguna forma en sus redes sociales.