La Fiscalía General de la República confirmó, este viernes, la apertura de una investigación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por las gestiones que habría realizado para que la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), perdiera un contrato de servicios profesionales con la televisora Repretel.
“La Fiscalía General informó de que los hechos consultados se encuentran en investigación, dentro de la causa 24-000020-0033-PE, seguida en contra del señor Chaves Robles por el presunto delito de abuso de autoridad”, confirmó la oficina de Prensa del Ministerio Público, ante consulta de La Nación.
El viernes 8 de marzo, La Nación reveló que el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, contactó a Chaves con la empresa para la que laboraba Vanessa Castro como asesora legal externa.
Según afirmó la legisladora, a raíz de una conversación con Abarca, esa gestión fue para que ella perdiera un contrato que tenía 18 años de antigüedad.
Castro puntualizó que el embajador, quien fue diputado del PUSC entre 2018 y 2022, le contó lo sucedido en abril del 2023 cuando ella visitó Ciudad de México, junto con los también congresistas Carlos Felipe García y Leslye Bojorges.
En esa conversación, Abarca ni siquiera se disculpó con la diputada y, en su lugar, le argumentó que había acatado instrucciones del presidente de la República. La empresa la cesó como abogada externa en diciembre del 2022.
“En ese momento, me enteré que era por la participación del presidente de la República; no había sido un tema aislado, sino que había mediado el presidente de la República”, indicó Castro.
Casa Presidencial confirmó, cuatro días después de la revelación, que la Presidencia hizo gestiones para consultar sobre el contrato y las labores de la legisladora socialcristiana para la empresa televisiva Repretel.
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Fernando Contreras, presidente de Repretel, también corroboró que el embajador Abarca llamó a la casa matriz de la empresa, la cual es propiedad del grupo multinacional Albavisión, del empresario mexicano-guatemalteco Ángel González.
Según Contreras, luego Chaves le preguntó en persona por el papel de Vanessa Castro, pero aseguró que ella fue cesada por políticas de la empresa.
En su momento, la Presidencia alegó que las gestiones se hicieron por supuestas dudas por un eventual conflicto de interés entre las labores profesionales de Castro y su gestión como legisladora.
Casa Presidencial atribuyó erróneamente a la diputada de la Unidad funciones que nunca ha tenido, por ejemplo como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la que ella ni siquiera formaba parte cuando Chaves hizo esas gestiones.
Aparte de eso, ni ese órgano ni la Comisión de Asuntos Económicos, que ella sí preside, han tenido en su agenda proyectos relacionados con telecomunicaciones o el espectro radioeléctrico, que era lo que supuestamente preocupaba a Zapote.
Precisamente por las gestiones realizadas a petición del mandatario, los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos aprobaron, este jueves, una moción para convocar al embajador Abarca, para que rinda cuentas por lo hecho.