El Gobierno dispondrá de una nueva herramienta legal para agilizar la ampliación de carreteras como San José-San Ramón y Barranca-Abangares, así como la construcción de dos pasos a desnivel en la entrada a Cartago (uno en Taras y otro en La Lima).
Se trata de la reforma a la Ley de Expropiaciones, aprobada ayer en segundo y último debate, justo en el momento en que la Asamblea Legislativa impulsa tres grandes proyectos de financiamiento para desarrollar obras de infraestructura por casi $1.300 millones.
Cuando el proyecto esté en vigencia, el Estado podrá entrar en posesión de los terrenos necesarios para desarrollar las obras 15 días después de depositar el monto del avalúo al dueño. En el caso de viviendas, el propietario tendrá dos meses para desalojar el inmueble.
Hoy, en cambio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes requiere de al menos seis meses para ocupar un terreno, aun si el propietario acepta el avalúo estatal y, más de ocho meses, si lo rechaza y disputa el precio en un juzgado.
Con la reforma, el Estado tomará posesión del terreno una vez depositado el precio ofrecido en una cuenta a nombre del expropiado, aunque el monto se siga discutiendo en un Tribunal Contencioso.
Los diputados avalaron el cambio por unanimidad, poco después de aprobar un préstamo de $450 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar siete obras de infraestructura. Además, acaban de dictaminar un fideicomiso por $440 millones para ampliar la vía a San Ramón y debaten un crédito de $395 millones con China para la vía a Limón.
La reforma también agiliza la construcción de plantas hidroeléctricas o aeropuertos en manos de instituciones estatales.
“Es un gran paso. Gran parte del cuello de botella para ejecutar obras son las expropiaciones”, afirmó el socialcristiano Rafael Ortiz.
“Con esto se va a lograr la expropiación, quiera o no el propietario”, añadió Ottón Solís, del PAC.