Expresidentes insisten a Solís en que invoque Carta Democrática de OEA por crisis en Venezuela

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Seis expresidentes de la República le insistieron al mandatario Luis Guillermo Solís en la necesidad de que Costa Rica promueva la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la crisis política que vive Venezuela.

La Carta Democrática es un mecanismo de diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se utiliza cuando la democracia de un Estado miembro está en peligro, y que puede conducir a sanciones como la expulsión de ese país de la OEA.

“Creemos señor presidente que llegó la hora de actuar con firmeza con los instrumentos que prevé la Carta Democrática Interamericana, y lo instamos a que —como ha sido la tradición costarricense— su gobierno promueva en la OEA la defensa de la democracia en Venezuela. Apreciamos el llamado a los actores políticos venezolanos al diálogo, que ha hecho su gobierno junto con los de otros once países americanos. Pero la situación se ha desbordado y es preciso una intensa acción diplomática hemisférica para lograr una solución pacífica que restaure la democracia en Venezuela”, reza la nota enviada este lunes a Solís.

En esa misiva, los exgobernantes claman por “una acción diplomática contundente” de Costa Rica en momentos en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país suspendió la recolección de firmas, prevista para este fin de semana, para convocar a un referendo revocatorio contra Maduro.

La carta lleva la firma de Laura Chinchilla (2010-2014), Óscar Arias (2006-2010 y 1986-1990), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), José María Figueres (1994-1998), Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Luis Alberto Monge (1982-1986). De los expresidente que están vivos, solo Abel Pacheco no suscribió la petitoria.

En criterio de los exmandatarios, no es suficiente la preocupación que el gobierno de Solís ya manifestó junto con otros 12 países miembros de OEA.

LEA: Costa Rica se une a preocupación por congelamiento del referendo contra Nicolás Maduro

La gota que detonó la carta de los exgobernantes fue la decisión del CNP de paralizar la consulta, con base en fallos del Poder Judicial que anularon la recolección de firmas preliminar. En meses anteriores, también protestaron por las medidas con las que Maduro neutraliza al Congreso que domina la oposición.

“Como la prueba más evidente de la destrucción de la democracia, se le ha impedido al pueblo soberano manifestarse en los cauces constitucionales mediante el referéndum revocatorio, pues el pasado jueves 20 (de octubre) el Consejo Nacional Electoral de esa nación suspendió el proceso de recolección de un 20% de las firmas de los electores que como último requisito para efectuar el correspondiente proceso electoral estaba pendiente y fijado para los días 26 y 27 (de octubre)”, agrega a la carta.

La nota se remitió un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró la ruptura del régimen constitucional, al tiempo que inició un proceso para sustituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy, además, los diputados acordaron iniciar un juicio político contra Maduro, según la agencia de noticias AP.

Segunda vez. Esta no es la primera vez que los antecesores de Solís le piden invocar la Carta Democrática, ya lo habían hecho el 21 de mayo pasado. En esa oportunidad, cuestionaron las represalias contra la oposición y manifestaron su preocupación por el futuro de la democracia en Venezuela.

LEA TAMBIÉN: Expresidentes de Costa Rica piden acciones al Gobierno ante crisis en Venezuela

Diálogo con otros países. El lunes, el canciller Manuel González afirmó que, si bien una señal de preocupación no es suficiente para atender lo que ocurre en Venezuela, Costa Rica no puede incidir sola y, por el contrario, requiere del apoyo de otros países, tarea en la que él trabaja.

Incluso, dijo que este tema será discutido al menos en reuniones bilaterales que sostenga él durante un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebra esta semana en República Dominicana. También, lo pondrá sobre la mesa en la Cumbre Iberoamericana, la cual se efectuará el 28 y 29 de octubre, en Colombia.

“Esta semana es muy importante para lo que ocurra en ese país y nuestro llamado no es solamente de preocupación y de señalamiento de las gravedades, sino también de calma y paz. El día 26 hay una gran manifestación que se ha anunciado y eso podría, esperamos que no, originar actos de violencia que por supuesto nosotros no podemos compartir y esperamos poder motivar a la comunidad internacional y a los organismos internacionales a tomar decisiones más claras y más contundentes, más allá de la preocupación, pero eso es algo que se tiene que trabajar a ese nivel, a nivel multilateral. La voz de Costa Rica sola no es suficiente, debe ser acompañada por el grupo de países que pensamos de manera similar en la región, en el hemisferio y en eso estamos trabajando”, expresó González.

Intervención de OEA. La aplicación de la Carta Democrática implicaría que la OEA tenga que realizar una serie de gestiones diplomáticas para tratar de limar las asperezas y resolver la crisis a través del diálogo y la mediación. No obstante, para que ello ocurra, se requiere del apoyo de la mayoría de los 34 estados miembros de la Organización.

Si el diálogo no fructifica, el Consejo Permanente de la OEA convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros (23 sufragios), a una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas como la suspensión de la participación en la OEA.

La última vez que se requirió de ese castigo fue en 2009, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en Honduras. Al país centroamericano se le suspendió por casi dos años, en acatamiento del artículo 21 de la Carta.