Seis expresidentes de la República le pidieron al gobierno de Luis Guillermo Solís tomar acciones políticas ante la crisis que vive Venezuela, donde el gobernante Nicolás Maduro tomó medidas extremas para neutralizar a la oposición.
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En una carta enviada el sábado a Casa Presidencial, ellos solicitaron que Costa Rica apoye la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se utiliza cuando la democracia de un Estado miembro está en peligro.
La nota fue enviada a la presidenta a. i. de la República, Ana Helena Chacón, debido a que Solís está de gira por Europa. El documento lleva la firma de Laura Chinchilla, Oscar Arias, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Luis Alberto Monge. De los siete exmandatarios que están vivos, solo José María Figueres Olsen no suscribió la petitoria.
“Dada la tradición de respaldo a la democracia y a los otros derechos humanos propios de la política internacional de Costa Rica, así como la participación de nuestro país en los instrumentos interamericanos para su protección, solicitamos a usted sra. Presidenta y al sr. Ministro de Relaciones Exteriores (Manuel González) el apoyo de nuestro gobierno a la aplicación a la República Bolivariana de Venezuela de la Carta Democrática Interamericana”, señala la misiva.
“La confrontación y el irrespeto a las potestades de otros Poderes del Estado conducirían a la violencia y a la pérdida total de la vigencia de la democracia. Y en una democracia es indispensable la representación pluralista de los electores en el poder deliberativo, legislativo, que ejerce el control político y determina el uso de los recursos públicos”, agrega la carta de los exmandatarios ticos.
Ellos hicieron la solicitud al Poder Ejecutivo luego de que Maduro restara poderes a la Asamblea Nacional de Venezuela, mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia de ese país sudamericano.
Además, Nicolás Maduro descartó convocar a un referendo revocatorio sobre su mandato, al considerar que es “inviable” y que hubo un supuesto fraude con las firmas para pedirlo.
Asimismo, anticipó que la Asamblea Nacional, en poder de la oposición, dejará de funcionar en cualquier momento y que podría decretar un estado de conmoción interior “para combatir por la paz y la seguridad”, lo que implicaría la restricción de las libertades a los ciudadanos.
El lunes pasado, decretó estado de excepción y emergencia económica durante 60 días, y ordenó a los miembros del ejército realizar ejercicios militares ante una presunta amenaza externa que enfrenta Venezuela.
Intervención diplomática. La aplicación de la Carta Democrática implicaría que la OEA tenga que realizar una serie de gestiones diplomáticas para tratar de limar las asperezas y resolver la crisis a través del diálogo y la mediación. Para que ello ocurra, se requiere del apoyo de la mayoría de los 34 estados miembros de la Organización.
Si el diálogo no fructifica, el Consejo Permanente de la OEA convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros (23 sufragios), una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas como la suspensión de la participación en la OEA.
La última vez que se requirió de ese castigo fue en 2009, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en Honduras. Al país centroamericano se le suspendió por casi dos años, en acatamiento del artículo 21 de la Carta.
“La Carta Democrática sería una enorme ayuda porque haría una presión importante para el gobierno de Venezuela y es de los instrumentos jurídicos existentes que pueden ser utilizados en el derecho interamericano, se estableció con una participación muy activa de Costa Rica para defender la democracia de acciones de los gobierno que atenten contra ella”, dijo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien también fue secretario general de la OEA.
Misiva a Cuesta de Moras. Los exmandatarios costarricenses también enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, solicitando que los diputados expresen su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano y ante el Mercosur. A la vez, que pidieron instar al gobierno de Solís para que actue en los órganos internacionales en defensa de la democracia en Venezuela.