Un panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que visitó cárceles del país entre el 3 y el 14 de marzo, le pidió al Gobierno acciones contra el hacinamiento en centros penitenciarios costarricenses, luego de corroborar la situación de 23 lugares donde se mantienen privados de libertad en el país.
En un informe emitido este viernes, en Ginebra, Suiza, el vocero del subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Roberto Fehér Pérez, manifestó la inquietud del panel sobre el hacinamiento en varios de los centros visitados.
“Consideramos importante resaltar que las políticas públicas encaminadas a reducir el hacinamiento no deben concentrarse en la construcción de nuevas cárceles”, dijo el vocero de los expertos, quien añadió que también debe trabajarse en el país en el desarrollo de nuevas políticas para reducir el encarcelamiento.
“Las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre condiciones carcelarias pueden ser de gran utilidad”, destacó Fehér.
El experto añadió que la principal recomendación para el Estado costarricense es que se siga fortaleciendo ese mecanismo nacional y que se le asignen “todos los recursos humanos y financieros necesarios para hacer esa tarea de forma más eficiente”.
El vocero del Subcomité afirmó, además, que al panel le complació constatar que se esté trabajando en una metodología para determinar la capacidad de los centros penitenciarios.
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En un comunicado difundido por la ONU, este viernes, el panel de expertos explicó que la estadía en Costa Rica incluyo visitas a centros penitenciarios, delegaciones de policía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el centro de formación juvenil y establecimientos psiquiátricos.
Aparte de esa advertencia sobre hacinamiento carcelario, los expertos emitirán un informe confidencial que será entregado, directamente, en manos del Gobierno, con observaciones y recomendaciones para la prevención de la tortura y el maltrato a los privados de libertad.
Aunque ese documento será confidencial, la recomendación del Subcomité es que el informe se publique, con el objetivo de favorecer “un diálogo transparente para la puesta en práctica de las recomendaciones”.
Además de las visitas a los 23 centros de todo el país, los expertos de Naciones Unidas entrevistaron, confidencialmente y de forma individual, a privados de libertad, funcionarios del Sistema Penitenciario, de la policía y personal de salud.
Igualmente, sostuvieron reuniones con autoridades de la administración, de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y voceros de la sociedad civil.
Costa Rica se somete al escrutinio del organismo de prevención de la tortura de la ONU porque, en el 2005, ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual tiene la obligación de constatar la situación en todos los Estados parte del protocolo.
Producto de dicho compromiso, el país constituyó el órgano de vigilancia llamado Mecanismo Nacional de Prevención, el cual opera desde el 2015.
En el 2017, el hacinamiento carcelario rondaba el 28%: había 13.783 personas recluidas, cuando el sistema tenía capacidad para 10.701 reclusos.
Actualmente, dicho indicador es considerablemente mayor, pues hay cerca de 16.000 personas privadas de libertad.
En el 2014, la Sala Constitucional ordenó intervenir la sección de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, debido a que los magistrados identificaron que una red de policías incurría en "tratos crueles, degradantes e inhumanos y abuso policial”.
La conclusión llegó al cabo de un análisis de más de 35 habeas corpus que presentaron internos de Máxima Seguridad y el ámbito D de esa cárcel. En los recursos, los presidiarios denunciaron haber recibido maltratos físicos, golpes, patadas, utilización de gases irritantes en los ojos, boca y genitales; e inclusive que los custodios les introducían dedos en el ano.
En el informe de labores que dio a conocer el Mecanismo en junio del año pasado, se reportó que los menores recluidos en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia, denunciaron malos tratos por parte de los policías penitenciarios. De acuerdo con el informe, durante un motín, los oficiales se excedieron en el uso de la fuerza.
Además, según los jóvenes, los policías se burlaban de ellos. Según el Mecanismo, luego de que Adaptación Social fue puesta en conocimiento de la situación, la respuesta fue buena.