Otro pensionado del Régimen de Hacienda interpuso un recurso de amparo para evitar que se reduzca su pensión.
Se trata de Mario Fernández Ortiz, quien se desempeñó como viceministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y luego como ministro de esa misma cartera, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
Fernández es el quinto beneficiario del Régimen de Hacienda que recurre a la Sala IV para defender su pensión de lujo, después que los diputados aprobaron cuatro leyes, en junio, para reducir el gasto en jubilaciones en ¢21.000 millones al año.
Él reclamó porque su pensión se reduciría de ¢4,3 millones al mes a ¢3,8 millones; es decir, se le recortarían ¢526.000, un 12% menos.
Quienes abrieron la puerta de los amparos contra las leyes N.° 9380, 9381, 9383 y la modificación a la Ley N.° 7302, fueron los exdiputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rolando Laclé y Danilo Chaverri, Rogelio Ramos, del Republicano, y el jubilado bancario, Carlos Mora.
Ellos presentaron sendos recursos de amparo, a principios de octubre, para anular las leyes avaladas por el Congreso.
Derechos adquiridos. Tanto Mario Fernández como los otros cuatro pensionados, alegaron que las leyes violan sus derechos adquiridos, afectan sus derechos como adultos mayores y que son confiscatorias, porque a los pensionados de gobierno que reciban más de ¢2,6 millones se les deducirá parte del excedente, dependiendo del monto de la jubilación.
Cuanto más alta sea la pensión, mayor es la deducción. Por ejemplo, a quienes perciban un 25% más de esos ¢2,6 millones, se les reduce un 25% del excedente. A quienes ganen ¢9 millones, se les deduce hasta un 75%.
Según el recurso de amparo de Fernández, que fue notificado esta semana a los ministerios de Hacienda y Trabajo, el quejoso alegó que nunca fue notificado de que su pensión se reduciría, sino que se enteró a través de la prensa escrita de los efectos de la reducción en su ingreso.
La Nación intentó conversar con el exministro por vía telefónica; sin embargo, este viernes no contestó ninguno de los teléfonos de su casa de habitación.
“Acota que en la Ley N.° 9383 no se colige el monto a tomar en cuenta para hacer la respectiva disminución y, tampoco, se valora la capacidad económica de los afectados”, se lee en el escrito, en el que también expuso el argumento de que los diputados carecían de criterios técnicos suficientes a la hora de aprobar los cuatro proyectos de ley que reducirán el gasto en pensiones.
Presión a Sala. El ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada, quien tiene tres días para contestar el amparo de Fernández, dijo que, como en los otros casos, su cartera usará todos los recursos a su disposición para intentar que las normas para ahorrar en pensiones no se caigan en la Sala IV.
“Esta es la manifestación (los recursos de amparo) más clara del choque entre la vieja política de abusos y el esfuerzo ciudadano por la justicia y la proporción”, afirmó Alvarado.
El jerarca, además, les trasladó a los magistrados la presión.
“Hoy, toda Costa Rica espera atenta lo que dirán los magistrados. Ellos tienen ahora la palabra”, enfatizó.
El jefe de la fracción legislativa del PUSC, Gerardo Vargas, afirmó que desconoce si Mario Fernández aún milita en el Partido. En todo caso, dijo, la divisa respalda “total y absolutamente” los límites a las pensiones de lujo, actitud que, agregó, esperan que compartan los magistrados.
“Respetamos el derecho de acudir a los tribunales, pero creemos que la legislación no violenta derechos constitucionales”, culminó el legislador.