Alberto Franco, exdirector de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), afirmó que el $1 millón donado por el BCIE al Gobierno sí son recursos públicos.
De esa manera, contradijo las declaraciones de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien había dicho que, en ese dinero, no había un solo colón de los costarricenses.
Franco, quien es economista y fungió como representante ante el BCIE entre julio y noviembre del 2022, aseguró a los diputados que, al ser Costa Rica propietaria del 11% de la organización bancaria, los recursos que se le donen al país pasan como fondos públicos.
“Yo sé que hay opiniones diferentes, pero para mí son fondos públicos. ¿Por qué son fondos públicos a mi parecer? El Banco le pertenece a Costa Rica parcialmente, somos dueños del 11% de las acciones, equivale a más de $700 millones”, precisó.
Ante las consultas planteadas por los legisladores, la noche del lunes, el exdirector agregó que parte de los fondos de la organización han sido donados por Costa Rica desde que se creó el banco.
Bajo el punto de vista de Franco, los $300.000 del polémico contrato adjudicado a la empresa de Christian Bulgarelli, pagados con el dinero donado por el BCIE como parte de la cooperación no reembolsable, constituyen recursos públicos.
El martes 5 de diciembre, durante una intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa, la diputada Pilar Cisneros, recalcó “que en esta plata del BCIE no hay un cinco de dinero costarricense, ni uno”.
No obstante, su afirmación contradice otras que ella expresó en el 2008, cuando era codirectora de Telenoticias y entrevistó al entonces ministro de la Presidencia y actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, con motivo de un escándalo con el uso de los fondos del BCIE en el segundo gobierno de Óscar Arias.
En esa entrevista, Cisneros alegó que el banco se había nutrido de aportes de los costarricenses.
Para el exdirector del BCIE, al tratarse de recursos públicos, no debe de haber secretismo y el Banco debe de hacer pública la información que maneja.
“Si me preguntan si estoy de acuerdo con que toda esa información pública se haga pública, mi respuesta sería que absolutamente sí, estoy de acuerdo”, aseguró.
Este martes, el BCIE emitió un comunicado de prensa donde aseguró que su organización se encuentra comprometida con el acceso a la información, como indica su informe anual sobre la aplicación de la Política de Acceso a la Información (PAI) correspondiente al año 2022.
El banco alegó que en 2022 la cantidad de documentos calificados como públicos aumentó un 35%, con un promedio de 11,9 días para aquella información generada internamente que se coloca a disposición del público.
Sin embargo, tanto Casa Presidencial como el BCIE han alegado en diversos momentos que los expedientes de las contrataciones hechas con el dinero de la cooperación económica no reembolsable se trata de información confidencial, por lo que han negado el acceso a la prensa desde octubre.
Los diputados también han topado con negativas a la hora de solicitar esos documentos, ese fue el caso Ariel Robles, legislador del Frente Amplio, quien presentó un recurso de amparo a la Sala IV debido a que Presidencia y el BCIE no le permitieron conocer la información.
Erwen Masís, actual director de Costa Rica para la organización, indicó que gozaba de “impunidad” y “privilegios” que permitía no entregar la información ni a tribunales de justicia ni a legisladores.