Un informe sobre corrupción en Latinoamérica señala que “Costa Rica ha tenido problemas de transparencia durante la pandemia”.
La medición, llamada Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, dada a conocer este lunes 14 de junio, evalúa la capacidad de 15 países de la región para descubrir, castigar y detener este flagelo.
Si bien nuestro país ocupa el tercer lugar del ranking —hallazgo celebrado por la medición— enfrenta desafíos en cuanto a transparencia en las gestiones estatales durante la emergencia de la covid-19.
No obstante, no se trata de un problema propio de Costa Rica, sino de una situación recurrente en el resto de países latinoamericanos, amplía el índice.
“Como muchos países, Costa Rica ha tenido problemas de transparencia durante la pandemia. Ha habido una mala asignación de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria y la información sobre contrataciones públicas ha sido limitada”, asegura el informe.
En agosto de 2020, La Nación reveló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó la compra urgente de 12 millones de mascarillas quirúrgicas, para uso en centros médicos públicos, a dos proveedores inexpertos: un contador y una empresa de comunicación política sin antecedentes en el suministro y distribución de equipo médico.
Se trató de una gestión por un monto de $4 millones, la cual es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción costarricense.
Menos movilización social
Pese a que la medición distingue la capacidad de Costa Rica al mantener el tercer lugar de la lista por segundo año consecutivo, expone que “los confinamientos pandémicos probablemente contribuyeron a una caída del 6% en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción” en todo Latinoamérica.
Ello, explica la investigación, condujo a “una leve disminución” en la categoría de Sociedad Civil y Medios de Comunicación.
Tanto en el 2020 como en el 2021, por calificación global, nuestro país ha sido superado en el informe por Uruguay y Chile. Ambas naciones se ubicaron en el primer y segundo puesto, respectivamente.
Costa Rica obtuvo 6,45 puntos de una nota máxima de 10, mientras que Uruguay se dejó 7,80 y Chile, 6,51.
El informe evalúa la forma en la que cada país combate la corrupción desde tres grandes áreas; a cada una de las cuales les asigna una calificación.
En la categoría de Capacidad Jurídica, nuestro país obtuvo 6,28 puntos; en la de Democracia e Instituciones Políticas, la calificación fue de 6,80 puntos; y en el escalafón de Sociedad Civil y Medios de Comunicación, el puntaje fue de 6,59.
El estudio especifica que la variable “acceso a la información pública”, que forma parte de la categoría Capacidad Jurídica, disminuyó un 10%.
En el 2020, dicho indicador se ubicó en 6,65 puntos, frente a 5,96 puntos en el 2021.
Sin embargo, rescata la publicación, “la Asamblea Legislativa aprobó una ley que busca promover la transparencia en las contrataciones públicas mediante el uso de un sistema digital centralizado”.
El estudio se refiere a la nueva Ley de contratación pública, aprobada por el Congreso, en segundo debate, el pasado 18 de mayo.
Dicha ley generaría un ahorro al Estado de hasta un 1,55% de la producción anual, al obligar a las instituciones a realizar sus compras en una plataforma digital única.
Este es el tercer año consecutivo que se publica el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (la primera vez fue en el 2019) y es la segunda segunda ocasión que dicha pesquisa incluye a Costa Rica.
El estudio abarca 15 países que, en conjunto, representan casi el 95% del producto interno bruto (PIB) de América Latina.
Se trata de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) y Control Risks, empresa consultora especializada en riesgos globales.
Este 2021, el ranking quedó de la siguiente manera: Uruguay (7,80 puntos), Chile (6,51), Costa Rica (6,45), Perú (5.66) y Argentina (5,16).
En los siguientes puestos se ubicaron: Brasil (5.07), Colombia (4,81), Ecuador (4,77), Panamá (4,55), República Dominicana (4,38), México (4,25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40).