‘Esto no se va a quedar así’, dice Rodrigo Chaves sobre medida cautelar contra decreto del arroz

Presidente promete batalla legal contra resolución de jueza

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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció una batalla legal contra la decisión de la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Patricia Lorena Calderón Rodríguez, de suspender el decreto que redujo los aranceles de importación del arroz.

La medida cautelar, solicitada por el Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífica Norte, congela la ejecución del decreto que bajó de un 35% a un 3,5% el impuesto de importación para el arroz con cáscara y a un 4% para el arroz pilado.

“Este tema del arroz no se va a quedar así”, reaccionó el presidente Chaves, este miércoles, luego de trascender la resolución judicial.

Argumentó que no permitirá que los “oligarcas industriales del arroz” sigan sacando plata del bolsillo de los costarricenses con sus precios, simplemente porque a la jueza Calderón Rodríguez diga que no le parece el decreto porque el precio del arroz no ha bajado lo suficiente y hay gente que se queja.

Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex), indicó que el gobierno aún no ha sido notificado oficialmente sobre la medida cautelar, pero subrayó que organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido sobre los efectos negativos de la política de regulación de precios y aranceles, la cual fue derogada por el gobierno de turno.

Tovar destacó que estas políticas pueden distorsionar los mercados y tener un impacto perjudicial para los consumidores, especialmente los de grupos vulnerables.

Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), afirmó que la ruta del arroz evitó que el precio del cereal aumentara entre un 14% y un 20%, dependiendo de la calidad del producto.

Gamboa enfatizó en que esta medida está centrada en proteger a los consumidores más vulnerables, salvaguardando sus bolsillos ante posibles alzas en los precios.

La jueza Calderón Rodríguez argumentó que la reducción de aranceles causó “una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales”, al abrir la posibilidad de que los importadores no estuvieran obligados a adquirir la producción nacional, lo que afectó la cosecha nacional debido al menor precio de la importación.

Además, señaló que muchos pequeños y medianos productores se vieron obligados a abandonar sus siembras, sin que el Estado haya proporcionado alternativas para aquellos cuya economía dependía del producto, y ahora afrontan la quiebra de sus micro y pequeñas empresas.

Calderón añadió que el precio del producto no ha disminuido en los niveles proyectados por el Poder Ejecutivo, lo que significa que el beneficio del decreto parece haber sido obtenido por un sector no vulnerable en la fórmula de mercado: los importadores.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta febrero de 2024 (último dato disponible), el precio del arroz tuvo un incremento interanual del 4,28%.

Se queja de la institucionalidad

El presidente Chaves criticó a aquellos que, en su opinión, bajo el pretexto de defender la institucionalidad, respaldan prácticas que describió como la “ordeñada” que numerosos grupos imponen a los costarricenses, manteniendo el statu quo.

Se lamentó de las trabas que afrontan sus reformas, como la implementación de la tecnología 5G, el proyecto de la ruta del arroz, la instalación de escáneres en puertos y la derogación de las tarifas mínimas establecidas por colegios profesionales para sus miembros.

Chaves denunció que sus iniciativas son constantemente bloqueadas utilizando a la Contraloría General, tribunales o presentando proyectos de ley. Subrayó que, según los opositores, estos obstáculos representan una derrota para el gobierno, pero aclaró que quienes pierden son los costarricenses.

Insistió en que su gobierno se involucra para proteger a los ciudadanos, no para mantener el statu quo.

El mandatario rechazó las acusaciones de que ataca a la institucionalidad, argumentando que esta ha sido tomada como rehén para evitar cambios y reformas necesarias.

Destacó los logros económicos de su administración, incluyendo el crecimiento de inversiones y exportaciones, como evidencia de que las reformas implementadas están dando resultados positivos para el país.