El Estado se ahorrará al menos ¢2.000 millones de la deuda política que fueron destinados para las elecciones municipales del 7 de febrero pasado.
Si bien 50 partidos políticos podían acceder a ¢6.805 millones, al final, solo liquidaron gastos por ¢4.800 millones, es decir, por el 70% de la contribución.
Diez de esas agrupaciones se abstuvieron de cobrar comprobantes de pago al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de las 40 que sí lo hicieron, la mayoría facturó menos del monto máximo que podía cobrar.
El ahorro se da porque en estos comicios, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se elige al presidente de la República y a los diputados, los remanentes no van a una reserva para gastos de organización y capacitación del partido, sino que se quedan en el erario.
El ahorro, incluso, podría superar los ¢2.000 millones, si el TSE rechaza algunas de las facturas que fueron presentadas por los grupos políticos, tras determinar si cumplieron los requisitos que establece la ley.
Uno a uno. Por ejemplo, el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) reportó facturas por ¢402 millones, cuando podía aspirar a ¢833 millones, poco más del doble de esa suma.
El Movimiento Libertario cobró ¢52 millones, a pesar de que podía acceder a ¢150 millones.
Esos dos partidos liquidaron un monto inferior porque durante campaña no obtuvieron préstamos de la banca –debido a que arrastran deudas desde las elecciones del 2014– y, por ende, no tenían dinero para gastar.
Otras agrupaciones, como Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), también padecieron por la falta de financiamiento. Sin embargo, las dos culpan de tal situación a la legislación electoral.
El diputado Mario Redondo, quien preside Alianza Demócrata Cristiana, asegura que su agrupación no cobró ni uno de los ¢74 millones a los cuales podía acceder, porque el Tribunal nunca les avisó sobre la fecha límite para liquidar los gastos y porque, en su criterio, el Código Electoral actual es “perverso” y favorece a los partidos grandes.
“Tiene defectos importantes, excluye a las fuerzas políticas nuevas y a las que no tienen un capital económico importante detrás. Así es muy difícil”, afirmó.
Agregó que para los partidos emergentes todos los trámites y requisitos que se deben cumplir resultan costosos y engorrosos.
Específicamente, cuestiona que la liquidación deba ser certificada por un contador público autorizado, inscrito ante la Contraloría General de la República.
“Pedimos la lista de los contadores en la Contraloría y es muy pequeña, casi que está monopolizada, y cobran muy caro. Al final, casi que sale más caro cumplir con todo el procedimiento, que lo que uno va a cobrar, que en nuestro caso eran como ¢9 millones”, expresó Redondo.
Con él coincide el también diputado y presidente del PASE, Óscar López, quien aboga por una reforma al Código Electoral. En el caso de ese Partido, solo cobraron ¢4 millones de los ¢107 millones que podían obtener.
Él argumentó que los partidos no pueden utilizar esos recursos porque nadie les quiere prestar dinero debido a que el TSE tarda hasta seis meses en reembolsar los montos de las facturas liquidadas.
“Tuvimos una votación que nos permite tener mucho derecho, pero en la práctica no lo podemos ejecutar. La solución es que el Tribunal gire los recursos de manera inmediata, apenas uno presente la factura, y que haga la comprobación de los gastos”, declaró López.
Inexperiencia. El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, cree que uno de los factores que pudo haber incidido es la falta de experiencia de ciertos partidos, pues este fue el primer proceso electoral en que participaron. No obstante, insistió en que el Tribunal invirtió “gran cantidad de recursos y tiempo” en charlas de capacitación.
Para Chacón, la situación se puede corregir si se aprueba una reforma en la que también se permita la deuda política anticipada en los comicios municipales.