El Estado tardó cinco años en resolver el despido del director financiero del Ministerio de Educación Pública (MEP), Carlos Barrantes Rivera, por autorizar el pago de ¢68 millones en capacitaciones que no se habían dado, cuando ejercía otro cargo.
Hasta el pasado 18 de mayo, la Contraloría General de la República (CGR) logró concretar la destitución sin responsabilidad laboral. En total tardó 1.865 días, pues había ordenado esa sanción desde el 9 de abril del 2010.
Durante todo ese tiempo, Barrantes intentó frenar el castigo sin éxito en la Sala Constitucional, en el Ministerio Público, el Juzgado Penal del II Cricuito Judicial de San José, la Sala I y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El último intento fue a principios de año cuando trató de revertir el fallo de la CGR, primero con un recurso de revocatoria y después, con otro de adición y aclaración. Ambos fueron rechazados.
Las acciones legales a las que recurrió Barrantes coincidieron en tiempo con la imposibilidad de la Contraloría de imponer sanciones.
Desde marzo del 2013, la entidad estaba imposibilitada de suspender o despedir a funcionarios públicos, mientras la Sala IV resolvía una acción de inconstitucionalidad que cuestionaba esa potestad del ente contralor. Sin embargo, la acción de despido del jerarca del MEP recobró vigencia en mayo anterior, cuando los magistrados rechazaron de plano la gestión interpuesta.
Ahora, la resolución de la Contraloría –que además inhabilita a Barrantes para ejercer cargos públicos durante tres años– ya fue ejecutada por la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. No obstante, Barrantes todavía no ha sido notificado porque está incapacitado hasta el 30 de junio, según explicó la directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz.
Desde que inició el proceso sancionatorio en el MEP, en octubre del 2009, a solicitud del entonces jerarca de esa cartera, Leonardo Garnier, Barrantes contabiliza 336 días de ausencia por razones médicas, específicamente de orden psiquiátrico.
La Nación intentó conocer la versión de Carlos Barrantes; pero, en su casa de habitación nos dijeron que él no estaba y tampoco se le facilitó su número de celular.
Capacitaciones. El caso por el cual la Contraloría ordena el despido se remonta al 2006, cuando Carlos Barrantes siendo director del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece), en solo seis días hábiles aprobó y giró el pago de cuatro contratos de capacitaciones educativas por ¢68 millones, sin que las mismas se hubiesen realizado.
Según la auditoría interna del MEP del 2009, él autorizó los desembolsos a pesar de que la ley establece que no pueden efectuarse hasta el recibido satisfactorio de los servicios.
"Sobre la gravedad de las conductas desplegadas por el señor Barrantes Rivera estima este órgano decisor que al autorizar pagos por adelantado de servicios contratados a terceros que el ordenamiento jurídico administrativo no permite más que en materia de obra pública, incurrió en una negligencia grave (...). En razón de la jerarquía del cargo ocupado y su obligación de vigilar la buena ejecución de lo que correspondía con la licitación de interés", reza el fallo de la CGR.
El exmnistro Garnier resume lo sucedido como vía crucis legal, ya que en reiteradas ocasiones Barrantes los acusó de persecución laboral, incluso hasta en el Ministerio Público. En su criterio, en la auditoria interna era muy claro que se trataba de "un hecho de corrupción".
“Siempre supimos que se trataba de un acto indebido con fondos públicos (…). Desde un principio dijimos que no podía haber impunidad, pero él intentó con todas las armas que tuvo a mano frenar el proceso. Ahora queda claro que no se trató de persecución sino de corrupción”, declaró Garnier.
La percepción del exministro coincide con la emitida por el Juzgado Penal, cuando concluyó que el director financiero del MEP intentó "abusar" de los recursos legales a su disposición para defenderse.
"Es evidente que el querellante (Barrantes) ha recurrido en varias ocasiones y a distintas instancias a denunciar los mismos hechos en contra del querellado, impidiendo con su actuar establecer seguridad jurídica, aprovechándose del sistema para ello", señala la resolución del 19 de octubre del 2009.
El último capítulo de este proceso ocurrió el lunes pasado cuando la Contraloría le envió un apercibimiento a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, para recordarle que debía ejecutar la destitución de Barrantes en los próximos cinco días hábiles, pues de lo contrario se le "reputará como falta grave" y eventualmente podría ser destituida.