La presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, confirmó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la instruyó a sacar el programa de La Rueda de la Fortuna de canal 7 y trasladarlo a canal 13.
Britton admitió haber dicho en la Junta Directiva de la JPS, el 26 de junio anterior, que “la posición es ‘se salen de canal 7 y punto’”, porque había criterios técnicos que no recomendaban pasarse al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Ante la consulta de la diputada Andrea Álvarez, de Liberación Nacional (PLN), sobre quién había dado esa orden, reconoció que fue Chaves.
No obstante, más adelante trató de bajarle el tono a su afirmación, alegando que la había dicho “en el calor del momento” y que ella agregó las palabras “y punto”.
Adelante, Britton también reconoció que Chaves le giró la “instrucción” de contratar al Sinart de manera directa y sin concurso. Alegó que se usó una figura contemplada en la Ley General de Contratación Pública.
“El presidente instruyó que hiciéramos esa contratación entre entes de derecho público, haciendo un estudio de mercado que demuestre que se puede contratar”, expresó la jerarca de la JPS.
Sin embargo, dijo no que recordaba si esa directriz fue verbal o por escrito. Solo detalló que hubo una reunión con el presidente Chaves, que se le envió una minuta de lo tratado en ese encuentro, pero aseguró no que recordaba si se incluyó esa instrucción.
Así contestó cuando la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le preguntó si había recibido “una orden del presidente para contratar al Sinart”.
Este lunes, La Nación reveló que la JPS aceptó trasladar la transmisión de La Rueda de la Fortuna al Sinart, debido a la imposición de una orden presidencial, a pesar de todas las desventajas que demostraban los informes técnicos internos.
La Junta pasó el programa al canal 13 a sabiendas de que las ventas de la lotería instantánea (raspaditas) caerían al salir de canal 7, porque la audiencia sería mucho menor, y de que el cambio afectará el financiamiento de programas sociales para pacientes en cuidados paliativos y personas con necesidad de vivienda.
Britton no recuerda una justificación técnica
La diputada Johana Obando, del Liberal Progresista (PLP), le preguntó a la jerarca de la JPS si existía un criterio técnico que justificara la decisión de la Junta Directiva de apartarse de los criterios técnicos del Departamento de Mercadeo.
Britton le respondió que no recordaba. De seguido, Obando le repreguntó: ¿Fue una decisión subjetiva? Y la presidenta de la JPS repitió: “No lo recuerdo en este momento”.
Posteriormente, la diputada del PLP le pidió que revisara en su casa y que enviara el acta correspondiente. Insistió en que “todos los actos administrativos se tienen que fundamentar” y que el no hacerlo “podría constituir un incumplimiento de deberes”.
“Me comprometo a revisar si hay un acta en ese sentido (...). Sí le puedo asegurar que no hay actas separadas, ni escondidas, ni mucho menos, es una sola acta, el acta 37, si mal no recuerdo”, le contestó Britton.
Y Obando le respondió: “Ahí no aparece el criterio técnico. El no fundamentar un criterio técnico en un acto administrativo puede ser causal de una nulidad, por lo que los contratos que ustedes le dieron a dedo al Sinart podría estar bajo esa nulidad”.
El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, le cuestionó que se haya hecho un estudio de mercado para saber cuánto cobraban las televisoras privadas, en aras de que el Sinart mejorara la oferta. Fue enfático al asegurar que no se podía manipular un estudio de mercado de esa manera. Britton alegó: “Nosotros no alteramos el estudio”.
Esos intercambios de preguntas y respuestas ocurrieron, la noche de este lunes, en la comisión especial que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sinart, algunos sin concurso público, así como un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.