Aunque parezca contradictorio, cuando la Asamblea Legislativa recortó las jubilaciones de los exdiputados en diciembre pasado, a la vez habría abierto la puerta para que los actuales jerarcas públicos accedan a pensiones de lujo que estaban extintas desde 1992.
Tanto es así que el presidente, Luis Guillermo Solís, evalúa vetar parcialmente la reforma, la cual fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Las luces de alerta se encendieron en Casa Presidencial hace dos semanas, tras una llamada de aviso del viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum.
Según el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, la nueva ley reviviría el antiguo régimen de pensiones del Ministerio de Hacienda (Ley N.° 148), porque al transcribir íntegramente uno de los artículos derogados hace 24 años, para hacerle cambios, resucitaría toda la ley.
Así, se podrían pensionar a los 50 años (en vez de a los 65) los actuales diputados, ministros, viceministros y funcionarios de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda. Algunos, incluso, lo podrían hacer con solo diez años de labor pública.
Además, el monto de la jubilación para los legisladores sería igual al salario que devengan hoy, de ¢3,7 millones, aunque la reforma del 17 de diciembre lo que pretendía era bajar las viejas jubilaciones a ¢2,5 millones.
La interpretación de Casa Presidencial coincide con la del experto en derecho constitucional y administrativo Manrique Jiménez, y la del exdirector general de Pensiones, Danilo Ugalde.
Ambos basan su criterio en los principios jurídicos de que una norma nueva deroga a las antiguas, y las específicas a las generales. En este caso, la nueva reforma caería encima de la Ley Marco de Pensiones de 1992, que derogó el régimen de Hacienda de 1943.
Veto en la mira. El texto ya pasó segundo debate y espera la firma del mandatario. Ante las dudas, el viceministro de la Presidencia reconoció que Solís dejaría sin efecto el artículo 1 de la nueva ley, el cual reforma el décimo tercer numeral de la norma extinta.
En ese artículo, se establecía quiénes podían optar por las pensiones de lujo, a qué edad y con qué salario.
Los actuales diputados pretendieron hacer dos cambios. Primero, el párrafo sobre quiénes podían heredar las jubilaciones, para incluir a las parejas de hecho y a los hijos menores de 25 años (no solo hijas no casadas).
En segundo lugar, pretendían eliminar el alza anual de un 30% en el monto de la jubilación de los exlegisladores, para que se ajustara según los aumentos salariales del sector público. De estas reformas, Solís dejaría vigente la reducción a ¢2,5 millones en las pensiones de 166 exdiputados o sus herederos, quienes devengan hasta ¢7,1 millones, así como el tope a las alzas anuales. Solo ese ajuste le ahorraría ¢7.700 millones anuales al Gobierno.
Luis Paulino Mora reconoció que el veto está redactado por el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, pero aclaró que esa será la última alternativa. La Presidencia intentará corregir el asunto con otro proyecto de ley que deje sin efecto el polémico artículo.
Eventualmente, la moción se incluiría en una iniciativa que también hace mención a ese régimen y que busca establecer un plazo de caducidad a las pensiones que reciben por herencia los hijos de exdiputados y demás exfuncionarios beneficiados.
Las dudas del Ejecutivo fueron comunicadas a la diputada del Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk, quien impulsó la reforma junto a Trabajo.
Ella considera que no se cometió un error, sino que existen diferentes interpretaciones. Ante las dudas, coincide en que es necesario modificar su contenido.
Otra posibilidad es dejar el texto así y que se le adicione una interpretación de Trabajo o de la Procuraduría General, en la cual se indique que la reforma no revive el régimen de Hacienda. Sin embargo, esa opción dejaría abierta la puerta a un criterio contrario de un tribunal.
Hoy, Mora, Piszk y varios asesores se reunirán en la Presidencia para buscar una solución.