El plan de ley que permitirá al Estado dar tierras en la zona fronteriza beneficiaría tanto a terratenientes como a ciudadanos que viven en lotes de 20 m por 30 m.
Así lo reconocen los habitantes fronterizos que, día con día, hace más de una semana, siguen cada detalle de la sesión del plenario del Congreso, entre abucheos y aplausos para los diputados, según los apoyen o les propongan esperar un poco más por la ley.
Pese al carácter social que se le promulga a la iniciativa, lo cierto es que no todos tienen pocas tierras al costado de la frontera. Algunos pelean por titular cinco hectáreas de terreno, otros siete y algunos hasta 10 hectáreas.
El proyecto establece que un vecino de la frontera puede pedir la titulación de un terreno no mayor a las 25 hectáreas.
William Gamboa vive en La Lucha de Sabalito. Ahí ha residido por 45 años. Él tiene tres hectáreas y media en una región y una y media en otra.
“La economía está muy mal en esa zona, porque no se puede titular las tierras”, lamentó. Como él, muchos finqueros producen café y otros cultivos, y tienen ganado.
José Hernán Fallas pide permiso al Congreso para titular sus siete hectáreas. “Allá no hay mercado”, aseguró este vecino, quien lleva 36 años en Sabalito.
También hay quienes solo poseen un lote con su casa, principalmente en Paso Canoas, la zona más poblada de la frontera.
Guillermo Poveda y Cleto Cortés trabajaron en la construcción y ahora están retirados. Cada uno tiene un lote de 600 metros cuadrados, apenas para la casa, el patio y un par de matas de plátano.
María Lupe Vargas, de 73 años, es una pensionada. Tiene su casa en San Jorge, Paso Canoas. Ella quiere dejar el inmueble a los nietos, pero no tiene título del terreno de 40 m por 50 m, por el que paga al Instituto de Desarrollo Rural ¢10.000 de arriendo anual.
Otros, como Néstor Díaz, solo poseen una ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social que apenas le alcanza para pagar los servicios públicos de su casa. Por ahora, todos ellos viven frente al edificio del Congreso.