En medio de la crisis económica que vivió en el país a inicios de los años ochenta, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tomó un acuerdo que derivó en uno de los incentivos salariales más caros que paga actualmente el Gobierno Central.

El ICT aprobó pagar, por adelantado, el beneficio conocido como quinquenio, el cual premia con un 10% adicional sobre el salario base a los trabajadores cada vez que cumplan cinco años de labores continuas en la institución.

Aunque el beneficio es para empleados que tienen al menos cinco años, el Instituto decidió pagarlo por adelantado desde el primer año en fracciones de un 2% por año.

De esa manera, el 2% por quinquenio se sumó al 5% que paga el ICT por anualidades, uno de los montos más altos del sector público. Entonces, la entidad le suma cada año a los empleados un 7% del salario base de manera indefinida.

La institución paga el beneficio aun si el empleado no cumple el requisito de tener cinco años de laborar e incluso si se retira de la institución antes de ese tiempo.

Durante el 2018, el quinquenio le cuesta al ICT ¢710 millones, dentro de un rubro de ¢2.953 millones destinado al pago de retribución por años servidos. Esto supera el presupuesto de los salarios base de sus 298 empleados, que es de ¢2.467 millones.

Esa forma de pago se implementó en 1982 cuando la Directiva era presidida por Enrique Odio, primo hermano del entonces presidente de la República, Rodrigo Carazo, quien durante su gestión afrontó una profunda crisis económica.

¿Cómo surgió?

Según las actas de esos años de la Junta, consultadas por La Nación en el Archivo Nacional, una serie de acuerdos llevaron a la institución a adoptar el “adelanto” del pago del quinquenio, el cual consta en el Reglamento Autónomo de Trabajo del ICT.

En diciembre de 1979, los directivos acogieron recomendaciones de tres empleados que formaban la Comisión de Análisis de Salarios. Una de esas fue “extender el beneficio por antiguedad a todos los empleados y sin limitación por número de años laborado”, a base de quinquenios. Para ese entonces, el quinquenio del 10% ya existía, pero no se reconocía de esa forma.

Sin embargo, fue hasta el 1.° de enero de 1982 que empezó a regir la reforma. Antes de esa fecha, la Directiva ratificó unos acuerdos con la Asociación de Empleados del ICT sobre ajustes salariales y aumentos con el fin de retener a los empleados. Como para el año 1982 se extendería el beneficio del quinquenio a todos, un año antes se ratificaron los convenios anteriores, para que aplicaran al presupuesto del año siguiente.

En medio de ese proceso, la Junta discutió varias veces la situación económica del país y de cómo el ICT debía ser austero. Sin embargo, los viajes al exterior eran constantes y en una ocasión incluso se suspendió una sesión pues la mayoría de directores no estarían esa semana.

Pese a haberse aprobado en aquel entonces, los más recientes ministros de Turismo desconocen el antecedente de la decisión; y ninguno cambió la disposición en los últimos ocho años, cuando ya se vaticinaba la crisis fiscal que vive el país actualmente. El expresidente ejecutivo del ICT, Enrique Odio, tampoco recordó con precisión el antecedente.

La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció sobre este beneficio del quinquenio en un dictamen del 2006, en respuesta a una consulta de la auditoría del ICT.

“La formula de adelanto... en nuestro criterio desnaturaliza la figura del quinquenio. Efectivamente, si la intención fue “premiar” al trabajador por su permanencia durante cinco años en la institución, no parece razonable que el premio se “adelante” desde el primer año de labor”, recalcó la PGR.

Un informe de remuneraciones realizado en 2016 por la misma institución señaló que, en el ICT, los empleados tienen en promedio 18 anualidades. En la mayoría del sector público, los incentivos totales (incluyendo aguinaldo y salario escolar) superan el gasto en salarios base. Pero, en este caso, un solo incentivo representa más que la remuneración básica. Lo mismo sucede en otras, como en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en la Junta de Protección Social (JPS) y en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Imparable

Una estimación que se hizo cuando Mauricio Ventura fue ministro de Turismo del gobierno anterior (2014-2018) advirtió que para el 2022, el ICT podría tener más gastos que ingresos, por lo que él intentó negociar con los empleados para hacer un rebajo a las anualidades, pero la propuesta no fue aceptada por el sindicato, la seccional ANEP-ICT, que más bien contrapropuso una convención colectiva.

Los voceros del sindicato se negaron a dar una entrevista a La Nación.

Desde el 27 de junio anterior se solicitó una entrevista con la actual ministra de Turismo, María Amalia Revelo, para conocer su posición sobre mantener estos beneficios, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

El actual diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, quien fue ministro de esa cartera en las administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, reconoció que rebajar la anualidad o cambiar la forma en que se paga el quinquenio no fue de su consideración mientras tuvo el liderazgo en la institución, esto a pesar de que, en el gobierno de Laura Chinchilla se impulsó un plan fiscal.

“Francamente en ese momento no fue algo que nosotros consideráramos; no íbamos a hacer una modificación específica, y nos concentramos en una propuesta fiscal integral”, señaló.

Wilhem von Breymann, el primer ministro de Turismo de la administración Solís Rivera, tampoco pensó en cambios y dijo que se enfocó en otras metas institucionales, como en la atracción de líneas aéreas.

Incentivos y garantías

En el ICT, la mayoría de funcionarios recibe un salario superior a los ¢780.000 mensuales, según datos de la CGR, a los cuales se suman otros incentivos, otorgados por reglamentos de la administración pública o por su propio reglamento interno.

El total de incentivos en el ICT suma ¢5.720 millones, lo cual representa la mitad del presupuesto para remuneraciones de la institución. El resto son salarios base, cargas sociales y otros rubros.

La asignación profesional fue uno de los incentivos que se pagó en la institución, pero recientemente fue declarado inconstitucional por la Sala IV, aunque no se elimina a quienes ya lo gozan. Con él se premiaba a los empleados por sus estudios formales, como el título de bachillerato de secundaria, estudios en escuelas comerciales reconocidas o grados académicos superiores, como licenciatura o más.

Se reconocía hasta un 20% de salario adicional, calculado sobre la base. Para este año, el presupuesto de ese beneficio es de ¢211 millones. Además, se reconoce la carrera profesional, al igual que en la Administración Central. El presupuesto para esto es de ¢280 millones, en tanto que la mitad de los funcionarios cobran dedicación exclusiva, lo que le cuesta a la institución ¢800 millones.

Adicionalmente al pago de estos incentivos, el ICT aporta 5% del costo de su planilla al Fondo de Jubilación y otro porcentaje igual al Fondo de Garantías de sus empleados, así como otro 5,33% a la asociación solidarista; entre las tres representan ¢917 millones.

Quienes trabajan en el ICT también reciben hasta 30 días hábiles de vacaciones y su jornada laboral es de ocho horas, con 45 minutos de almuerzo incluidos. Hay permisos con salario para estudiar dentro o fuera del país; así también, cuando se casan, tienen ocho días hábiles con pago completo.

En el caso de las incapacidades, la entidad subsidia el porcentaje que no reconoce la Caja Costarricense de Seguro Social, para que sus empleados reciban el 100% del salario.

Además, se otorgan beneficios económicos para cubrir gastos funerales de los familiares de sus colaboradores.