Laura Guido y Nielsen Pérez, diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), sugieren abrir la discusión para revisar, uno a uno, los 150 destinos específicos contenidos dentro del Presupuesto de la República, con el fin de sanear las finanzas públicas.
La idea de las legisladoras, integrantes de la comisión de Asuntos Hacendarios, es que el debate sobre la crisis fiscal también verse sobre la necesidad de mantener estas transferencias fijadas por ley y por Constitución, al igual que se discute sobre el manejo de la deuda y la reactivación económica.
Así lo expusieron en su informe de minoría sobre el Presupuesto del 2021, en el que recomiendan al plenario legislativo aplicar un recorte de ¢150.000 millones (1,3%), elaborado por Hacienda, sobre la versión original de ¢11,45 billones presentado por el Gobierno.
El PAC optó por esta propuesta luego de bloquear, en la Comisión de Hacendarios, las mociones de recorte presentadas por los partidos de oposición, con el argumento de que dejarían en “cierre técnico” a muchas instituciones.
En el debate, las diputadas de Gobierno alegaron que esa no es la vía para reducir el gasto público, sino que se debe recurrir a reformas legales.
Un informe de la Contraloría General de la República, sobre el Presupuesto del 2021, reveló que 150 destinos específicos consumirán ¢9 de cada ¢10 que los contribuyentes pagan en impuestos. En total, estos rubros demandan ¢4,25 billones que deben ser girados a diversas instituciones.
Aunque no exista el dinero y aunque el país esté en crisis, la Constitución Política y las leyes ordenan al Gobierno entregar determinadas cantidades de recursos a numerosas instituciones públicas, mecanismo que se conoce como destinos específicos.
La Contraloría recomendó revisar incluso los destinos constitucionales.
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Al respecto, el informe de minoría del PAC dice: “La revisión de cada destino específico y su vigencia actual son solo parte de ese espacio ineludible de atención para un verdadero debate responsable sobre el gasto público, ese debate estructural”.
A ello sumaron las discusiones que ya han avanzado, como el cambio en el pago de remuneraciones contenidas en al reforma fiscal del 2018, la cual ordena pagar pluses en montos nominales y no porcentuales; la reforma al sistema de empleo publico que se discute en la Asamblea Legislativa y el proyecto de contratación administrativa.
Según expresaron, la discusión se debe encausar tomando en cuenta que el próximo presupuesto de la República tiene una rigidez del 92%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Costa Rica tiene el segundo gasto más inflexible de América Latina.
Las legisladoras oficialistas escribieron en su dictamen: “Es inevitable que, una vez agotado el espacio de aquello que resulta superfluo, el debate ya llegue al punto en que debemos decidir: ¿a qué estamos dispuestas y dispuestos a renunciar ante la insuficiencia de recursos, ante la necesidad ineludible de recurrir menos a la deuda y la realidad innegable de que los ingresos corrientes son insuficientes?”.
“Algunas personas apuntan a que la respuesta a estas interrogantes están en el debate de los destinos específicos”, se responden.
En ese sentido, recuerdan que la reforma fiscal del 2018 otorga un margen de control al Ministerio de Hacienda en la presupuestación de esas transferencias.
El artículo 15 de la regla fiscal de esa reforma dice que, si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del producto interno bruto (PIB), “Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias”.
“¿Cuáles destinos específicos estará dispuesta la Asamblea Legislativa a afectar en la ruta de concretar más reducción del gasto primario vía presupuesto?”, reflexionan las legisladoras.
Acto seguido, añaden: “Educación, salud, pensiones no contributivas, niñez, atención a personas vulnerabilizadas, inversión social, Poder Judicial, infraestructura a través de Conavi, infraestructura a través de municipalidades, asociaciones de desarrollo, son algunas de las 150 opciones, pero pocas de estas representan montos sustanciales sobre los cuales sea posible, pero jamás deseable, recortar el gasto”.
Laura Guido y Nielsen Pérez señalan que el presupuesto del próximo año tiene una mayor rigidez si se analiza por partidas. De los ¢11,45 billones, un 25% corresponde al pago de remuneraciones; otro 25% para transferencias corrientes y el 43% para el servicio de la deuda.
“Estos rubros absorben el 92% de los gastos previstos en el proyecto permaneciendo la rigidez existente del gasto público", mencionan, al citar un informe de la CGR.
Si no se logra una reducción del gasto primario por la vía de la revisión de los destinos específicos, las legisladoras se pregunta si el país está dispuesto a bajar los niveles de endeudamiento.
Para el próximo presupuesto, el 55% se financia con deuda, pero a la vez el 42% se destina al pago de amortizaciones e intereses de la propia deuda.
Este año, según Hacienda, el saldo de la deuda pública alcanzaría el 70% del PIB y el próximo, el 80,5%.
“Aunque ha existido claridad mayoritaria en que la posibilidad de recurrir a mecanismos financieros como empréstitos o eurobonos que permiten reducir el costo de la deuda del país, se instalan posiciones contrarias a esta ruta, lo cual amenaza no solo la posibilidad de atacar el costo de la deuda y su crecimiento exponencial dadas las obscenas tasas de interés que ofrece el mercado local, sino también que estruja la disponibilidad de recursos bancarios para la reactivación económica”, señalan las diputadas.
Y si no es a través del manejo de la deuda, Guido y Pérez sugieren entrarle a la reactivación económica.
Pero en este tema se preguntan cuál debe ser el papel de la política presupuestaria con un plan de gastos con tanta rigidez, “donde el diseño de las leyes existentes otorga un enorme peso y obligación al gasto corriente, donde no se puede esperar mayores ingresos en lo inmediato dado el contexto país y el contexto mundial”, señalan.
“¿Cuáles son los espacios que quedan para la inversión y la estrategia? ¿Estamos dispuestos a posibilitar mediante endeudamiento un mayor espacio a la inversión de capital? Si bien la posibilidad de alianzas público-privadas a través de mecanismos como la concesión de obra pública nos posibilita continuar con la inversión de capital, ¿no es acaso deseable al menos que desde el presupuesto también se disponga de contenido para un mayor avance en esta materia?”, se vuelven a preguntar.
Ambas concluyen que los espacios del presupuesto para sanear las finanzas publicas son limitados y reconocen que las respuestas son estructurales.
Finalmente, cuestionaron las propuestas legislativas para implementar exoneraciones.
"El debate sobre la necesidad de tener presupuestos más reducidos en el gasto primario deben estar acompañados por un estricto sentido de consecuencia. Si el propósito es que por esa vía disminuya el déficit, no es posible disminuir los ingresos mediante nuevas y cada vez más amplias exenciones fiscales, exoneraciones parciales o posposiciones de impuestos.
“Aún con el mayor ejercicio de austeridad presupuestaria, el debilitamiento de los ingresos continuará ensanchando el déficit. La responsabilidad de que ello no ocurra recae fundamentalmente en la Asamblea Legislativa”.