Los diputados aprobaron este lunes en segundo debate el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336), después de que la Sala Constitucional entregó la sentencia completa sobre el texto el jueves pasado.
La votación tuvo el apoyo de 39 legisladores, uno más de los 38 votos (mayoría calificada) que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, determinó que se requerían. En contra, votaron 13 legisladores.
El plan, que pasó a ser parte del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero del 2021, introduce el esquema de salario global para los empleados públicos en sustitución del sueldo con pluses, con el fin de ahorrar hasta ¢394.000 millones por año.
El salario global regirá para todo el sector público, con excepción de las empresas públicas en competencia y el Cuerpo de Bomberos.
Votaron a favor 15 diputados de Liberación Nacional (PLN), ocho de Acción Ciudadana (PAC), seis del bloque Nueva República (PNR), cinco de Restauración Nacional (PRN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y una independiente.
Votos a favor:
PLN: Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, David Gourzong, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Yorleni León, Aida Montiel, Karine Niño, Roberto Thompson, Paola Valladares y Gustavo Viales
PAC: Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Víctor Morales Mora, Nielsen Pérez y Enrique Sánchez.
Bloque Nueva República: Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman y Jonathan Prendas.
Restauración: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez.
PUSC: Pablo Abarca, José María Guevara y Erven Masís.
Republicano Social Cristiano: Otto Roberto Vargas.
Independiente: Zoila Volio Pacheco.
En contra, votaron dos del PLN, dos del PUSC, dos de Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio (FA) y cinco independientes:
Votos en contra:
PLN: Franggi Nicolás y Daniel Ulate.
PUSC: Óscar Cascante y Pedro Muñoz.
PIN: Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
PAC: Welmer Ramos.
Frente Amplio: José María Villalta.
Independientes: Dragos Dolanescu, Shirley Díaz, Erick Rodríguez Steller, Paola Vega y Édgar Jovel Álvarez.
Al conocer la votación del plan sobre empleo público, el presidente de la República, Carlos Alvarado, agradeció a los 39 congresistas y destacó que esa iniciativa impulsará la igualdad salarial entre servidores públicos con la misma función y traerá “más justicia entre trabajadores del sector público y el privado”, así como mejor control del gasto público.
Pilar Garrido, ministra de Planificación que impulsó la reforma, agregó: “Ha sido la culminación de tres años de sacrificio y arduo trabajo. Agradezco mucho a las y los diputados por su apoyo”.
“Sin duda, es un paso enorme hacia la modernización del empleo público y hacia mayor eficacia y equidad”, agregó.
Una de las reformas ‘más significativas’
La vocera del PLN, María José Corrales, calificó el expediente 21.336 como una de las reformas más importantes en materia de contención del gasto público de los últimos años.
“Es un proyecto ampliamente discutido, analizado y consultado durante su trámite legislativo. Es una muestra más del compromiso de la actual Asamblea con el propósito de alcanzar los balances macroeconómicos para una estabilidad en el tema fiscal”, indicó la verdiblanca.
Laura Guido, jefa del PAC, también calificó la aprobación del plan como uno de los pasos más significativos de los actuales diputados. “Por un lado, garantiza mayor eficiencia en la prestación de servicio público, incorporando nuevos criterios en materia de evaluación y gestión del personal. Por otro lado, mantiene la justicia y el reconocimiento del derecho de las personas trabajadoras”, explicó la oficialista.
Agregó que la ley permitiría congelar disparadores del gasto público que no se justifican. Precisó que con esta reforma se genera un ajuste fiscal del 0,7% del PIB solo para el Gobierno Central, pero de hasta un 1,04% si se incluyen las demás instituciones estatales.
La diputada auguró que la aprobación de este proyecto es muy significativa en el marco de la evaluación del FMI sobre el cumplimiento del acuerdo de ajuste fiscal.
El restauracionista Eduardo Cruciskhank afirmó que se trata de una ley “sumamente necesaria para el país”, para eliminar las “odiosas diferencias salariales” que hay entre trabajadores iguales. “También representa un ahorro importante para la hacienda pública”, apuntó.
Luego de la aprobación del plan, el socialcristiano Erwen Masís dijo que el plan es una señal clara para que el país avance hacia la ruta de la reactivación económica con estabilidad financiera y macroeconómica, a partir de recortes importantes en los gastos del Estado.
“Tenemos vía libre para avanzar en el diseño de la Costa Rica que necesitamos”, dijo.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández, firmó de inmediato el decreto legislativo de la Ley Marco de Empleo Público y lo envió a Casa Presidencial.
La Sala IV rechazó el argumento de 13 legisladores, quienes decían que el plan no podía votarse por la objeción del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en vista de que el artículo 97 constitucional impide aprobar leyes sobre materia electoral seis meses antes y cuatro después de una elección nacional.
Los magistrados constitucionales negaron que el proyecto de empleo público tuviese relación con material electoral.
La primera votación se produjo el 7 de diciembre pasado, tras lo cual el expediente se fue a una segunda consulta en la Sala Constitucional, donde por mayoría los magistrados determinaron que el plan no contiene vicios de forma ni de fondo.
El expediente 21.336 está en la corriente legislativa desde abril del 2019, luego de un pacto firmado por el gobierno de Carlos Alvarado con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), en agosto del 2018, para impulsar iniciativas para la contención del gasto en salarios del Estado.
En la primera consulta constitucional, los magistrados respondieron que era inconstitucional que instituciones con autonomía fuesen sometidas a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Luego de adaptar el plan al primer fallo de la Sala IV, quedaron fuera de esa rectoría el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los magistrados sí avalaron la introducción del salario global, así como la imposición de límites a la negociación de convenciones colectivas, en las cuales ya no se podrían pactar alzas salariales, incentivos o plazas.
Para resolver los vicios encontrados por la Sala IV, el plenario acogió un informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que modificó la reforma de empleo público para eliminar los vicios.
Esperando a Gustavo Viales
A las 4:50 p. m., antes de la votación, cuando ya los diputados opuestos al proyecto de ley habían utilizado la palabra contra la iniciativa, y cuando Silvia Hernández pronunció el “suficientemente discutido”, la jefa del PLN, María José Corrales, pidió un receso de 10 minutos.
De inmediato, la sancarleña se llevó su teléfono a la oreja y empezó a hablar. De pronto, se empezaron a formar grupos de diputados en varios puntos del plenario, cerca de la mesa del Directorio.
Al frente, las liberacionistas Ana Lucía Delgado y Karine Niño comentaban algo con el oficialista Enrique Sánchez y la asesora del PLN, Rebeca Méndez; más atrás, Silvia Hernández conversaba luego con María José Corrales, con Víctor Morales, del PAC, y el fabricista Jonathan Prendas. Los asesores comentaban entre ellos.
Desde la barra de prensa no salían las cuentas, no parecían estar los votos suficientes para aprobar empleo público con 38 diputados, y los liberacionistas iban y venían del plenario. Claramente los votos faltantes eran del PLN.
Laura Guido, incluso, se colocó en el centro del plenario y empezó a contar votos. Ella y Víctor Morales insistían en tener apoyo apenas suficiente.
El voto que estaban esperando era el número 39. El liberacionista Gustavo Viales no había estado toda la tarde en el plenario y por 21 minutos estuvo el plenario detenido esperándolo, porque los impulsores de la iniciativa no querían jugar con ese riesgo.
El PLN tenía varios votos en contra. El PUSC aportó una parte de su fracción. Los independientes estaban en contra y algunos votos podían salir del plenario en cualquier momento. Finalmente, a las 5:21 p. m. entró un grupo de diputados liberacionistas que venía con Gustavo Viales.
De inmediato, Silvia Hernández ordenó el cierre de las puertas del plenario, con 52 diputados presentes, la mayor cantidad de legisladores que coinciden en ese salón desde hace muchas semanas, y dos minutos después dio por aprobada una de las iniciativas más discutidas del actual periodo legislativo.
Luego de la votación, Wálter Muñoz Céspedes, del PIN, criticó las gestiones hechas por las fracciones para lograr los votos suficientes, y la independiente Paola Vega lo secundó, precisamente para criticar que se estuviera esperando por media hora a Gustavo Viales.