La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, se abstendrá de participar en el caso sobre presunta corrupción en los contratos del Gobierno para desarrollar obras viales.
Así lo adelantó el Ministerio Público, al informar de que la decisión de Navas obedece a que su esposo, el penalista Francisco Campos Aguilar, “es abogado defensor de empresas privadas que, en el caso particular, están siendo investigadas”.
“La fiscala general Emilia Navas Aparicio enviará el oficio de inhibitoria para conocer el caso o gestiones del mismo, el próximo jueves 17 de junio, a primera hora de la mañana”, respondió la Fiscalía a una consulta de La Nación.
La gestión la presentará Navas en esa fecha porque, desde el viernes de la semana pasada y hasta el miércoles 16 de junio, está de vacaciones por asuntos familiares, añadió el Ministerio Público.
De hecho, por el goce de vacaciones, a Navas se le imposibilita firmar oficios en calidad de fiscala general.
“Cabe destacar que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía la existencia de esta investigación, lo cual refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía Anticorrupción, para proceder conforme la Ley lo exija”, justificó la Fiscalía.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que Navas “no tiene a cargo este proceso” por ser un caso investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y no por la Fiscalía General de la República.
Por el momento, Navas es sustituida en el cargo por la fiscala subrogante, Criss González Ugalde.
Será el fiscal subrogante quien conozca cualquier inhibitoria de Navas, según explicó el Ministerio Público.
Como el periodo de González culmina el 17 de junio, por el plazo de un año el puesto lo asumirá el fiscal Warner Molina Ruiz, a partir del 18 de junio.
En los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se capturaron a los empresarios de las constructoras Meco y H. Solís, Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente.
De los 57 allanamientos que incluyó a la Casa Presidencial, las autoridades arrestaron a 29 personas, entre funcionarios públicos y particulares.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, afirmó que funcionarios recibían favores sexuales, dinero en efectivo y vehículos todo terreno como recompensa por beneficiar a empresas constructoras en adjudicaciones de obras viales.