La inclusión de tres letrados entre los candidatos para ocupar cargos de magistrado suplente, en la Sala II, atizó la discusión tanto en el Congreso como en la Corte Suprema de Justicia.
El 8 de junio, la Corte Plena remitió a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea una lista de 16 postulantes para ocho plazas que quedarán vacantes a principios de agosto.
Entre los candidatos a asumir el puesto por cuatro años están tres letrados de la misma Sala II, quienes hoy también son magistrados suplentes: Flora Allón, Héctor Blanco y María Alexandra Bogantes.
La lista la completan otros cinco magistrados suplentes y ocho abogados que no han ejercido ese cargo.
Los letrados son los encargados de estudiar y preparar las resoluciones que votan los magistrados de la Corte Suprema. En el caso de la Sala II, se resuelven los recursos de casación de procesos laborales, civiles, mercantiles, universales y de familia, así como las demandas por responsabilidad civil.
La polémica con este nuevo proceso de elección nació con las palabras del magistrado de la Sala IV Fernando Castillo, el 1.° de junio en la Corte Plena.
Para Castillo, en general, no es conveniente que los letrados sustituyan a los magistrados porque podrían faltar al principio de independencia. Alegó que se podrían ver inhibidos para votar en contra del criterio de sus superiores, debido a la relación de subordinación que existe entre ellos.
Por su parte, los diputados de la Comisión de Nombramientos están divididos sobre la conveniencia de que subalternos sustituyan a los magistrados a la hora de dictar resoluciones.
Para la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell, la designación de esos tres candidatos sería “indebida e inaceptable”.
“Son claramente favoritismos de unas personas sobre otras. No solo deja en desventaja a los demás, sino que da una señal muy poco sana de la Corte. Hay que recibirlos, pero esta Asamblea de ninguna manera puede conectar ese tipo de decisiones que toma la Corte porque atentan contra el principio más básico de transparencia”, dijo Campbell.
El presidente de la Comisión, el socialcristiano Jorge Rodríguez, dijo que él todavía no sabe sí apoyará la designación de estas personas. Agregó que primero realizará un análisis de las sentencias en las que ellos han participado como magistrados suplentes, para determinar si hubo independencia de criterios.
“No se puede rechazar la candidatura de estos letrados a priori; yo estoy haciendo un estudio para determinar cómo votaron y si en más de una ocasión salvaron su voto”, declaró Rodríguez.
Por el contrario, el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Julio Rojas, considera que sería discriminatorio excluir a los letrados.
“Ellos tendrán el mismo tratamiento que los otros candidatos; será una escogencia según los atestados de las personas”, dijo.
Con él coincidió Carmen Quesada, del Movimiento Libertario. “No es tan conveniente que esto ocurra, pero tampoco existe alguna prohibición”, declaró.
Objeciones. En el seno de la Corte Plena, cuatro de 22 magistrados votaron parcialmente en contra de la nómina. Además de Castillo, lo hizo su compañero de la Sala IV, Luis Fernando Salazar.
“Creo que en el tema de la administración de justicia tiene que despejarse cualquier duda en cuanto a la imparcialidad de los jueces y juezas, sobre todo los altos jueces de la República”, señaló Castillo.
Aunque votó a favor de la nómina, el también magistrado constitucional Fernando Cruz objetó la postulación. En su criterio, la única solución sería incluir una norma en la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíba a los letrados ser magistrados suplentes al mismo tiempo.
La Comisión de Nombramientos recibirá en audiencia a los 16 candidatos el 29 de junio. Ese mismo día definirá los ocho nombres que recomendará al plenario, que debe aprobar las designaciones por un periodo de cuatro años.