El Gobierno de Estados Unidos busca nuevas formas de combatir la corrupción, un problema que ha catalogado como una amenaza para la seguridad nacional al considerar que traspasa barreras internacionales, golpeando las arcas públicas de numerosos países y frenando el desarrollo.
Expertos estadounidenses expusieron la experiencia de su país en la lucha contra este flagelo, durante un seminario organizado por el Departamento de Estado de EE. UU., entre los meses de marzo y abril del 2021, bajo el nombre Los esfuerzos norteamericanos contra la corrupción. La Nación participó en el encuentro.
Para Matthew Stephenson, profesor de Derecho de Harvard y experto en Derecho y legislación anticorrupción, la corrupción no puede ser combatida siempre por la vía penal, por lo que considera que se deben implementar sanciones administrativas, así como aumentar los procesos de auditoria y ofrecer incentivos para que testigos se atrevan a denunciar irregularidades.
“Hay otras formas de mala conducta en las que los burócratas a veces pueden participar; que no alcanzan el nivel de gravedad para ser castigados penalmente, aunque técnicamente podrían serlo. O donde no hay suficiente evidencia de criminología, pero hay evidencia de incorrección. Y en esas situaciones, la corrupción podría tratarse con una disciplina administrativa completa en lugar de la ley penal.
“Los burócratas, los empleados del Gobierno pueden ser censurados, pueden ser degradados, pueden ser transferidos, pueden ser despedidos. Hay un montón de formas de tratar la corrupción como actividades que están asociadas con la corrupción como un delito administrativo, en lugar de utilizar la maquinaria de la justicia penal”, aseveró Stephenson.
En su criterio, la corrupción generalizada se correlaciona con mayores niveles de pobreza, desigualdad de ingresos, falta de acceso a la educación y a la atención médica; además, aseguró que naciones con sistemas burocráticos y con financiamiento muy estricto suelen ser más propensos a la corrupción.
Young Lee, director de Transparencia Financiera y Política Regulatoria en la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, expuso las nuevas medidas que el país norteamericano busca crear para atacar la legitimación de capitales que se da por medio de compra de bienes raíces.
Lee explicó que la Tesorería estadounidense busca formas de mejorar la transparencia del mercado inmobiliario, pues han detectado una brecha regulatoria que los malos actores han podido explotar. Según citó, una investigación reveló que, del 2015 al 2020, se lavaron aproximadamente $2.300 millones a través del mercado inmobiliario estadounidense.
“Este aviso anticipado de la reglamentación propuesta sobre bienes raíces ayudará al Tesoro a desarrollar una regla propuesta que mejoraría la transparencia del mercado inmobiliario a nivel nacional y protegería el mercado inmobiliario de Estados Unidos de la explotación por parte de delincuentes y funcionarios corruptos”, comentó.
Si bien dicha nación busca implementar medidas alternativas, los casos graves requieren de sanciones ante la justicia. Una de sus ventajas es la rapidez de los procesos de corrupción en la vía penal, pues una vez que se cuenta con las pruebas, los casos suelen resolverse en menos de dos años.
Mary Butler, jefa de la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, reconoce que el tiempo promedio para la resolución es de 18 meses, incluidas las apelaciones. Posteriormente, se procede a vender los bienes decomisados para devolver los fondos malversados a los gobiernos, en caso de ser procesos internacioanales de corrupción.
“La razón por la que muchos juicios en otros países toman mucho más tiempo es porque muchas decisiones tomadas en el camino en un juicio penal pueden ser apeladas y esas apelaciones toman mucho tiempo, pero aquí requerimos que la mayoría de los asuntos se guarden hasta después de que el jurado decida sobre la culpabilidad o la inocencia. Esa es una de las razones por las que creo que los juicios avanzan más rápido en los Estados Unidos”, informó Butler.
Corruptores buscan nuevas formas de operar
Las formas como operan los corruptores a nivel internacional suelen ser similares. En muchos casos, grandes inversionistas privados se aprovechan del sistema para obtener beneficios como contratos, dijo Jeffrey Coleman, agente especial de supervisión de la Unidad de Corrupción Internacional del FBI.
“El clásico de esto es obtener un contrato, de alguna manera; obtener un gran proyecto otorgado a una empresa mediante el pago de un soborno, pero también podría ser la reducción de las obligaciones fiscales o la obtención de permisos de zonificación para que una empresa pueda construir su fábrica más rápido”, expresó el agente.
Chandana Ravindranath, directora Anticorrupción del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que la administración Biden ha identificado este problema como una amenaza para la seguridad nacional, la equidad económica, el desarrollo y la gobernabilidad, por lo que fue uno de los tema más fuertes en la Cumbre por la Democracia, desarrollada en diciembre del 2021.
“La estrategia organiza los esfuerzos para combatir la corrupción bajo cinco pilares que se refuerzan mutuamente: modernizar, coordinar y dotar de recursos los esfuerzos del Gobierno de los EE. UU. para prevenir la corrupción; frenar las finanzas ilícitas; responsabilizar a los actores corruptos; preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción; y mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción”, detalló Ravindranath.
Por su parte, Shannon Green, directora ejecutiva de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), habló sobre cómo la corrupción se ha convertido en un “desarrollo al revés”, pues genera retrocesos para los países, ya que los fondos no llegan a quienes lo necesitan.
“Cuando el dinero se desvía a través de adquisiciones turbias, las carreteras y las escuelas no se construyen. Cuando se soborna a los funcionarios públicos para que hagan la vista gorda ante la caza furtiva o la contaminación, las economías locales se destruyen y el suelo y las aguas subterráneas de las que dependen esas comunidades se echan a perder y se vuelven inutilizables. Y cuando los políticos usan sus posiciones de poder para extorsionar y exigir el pago de servicios básicos, como servicios de salud, como acceso a vacunas, los ciudadanos sufren consecuencias nefastas, a veces fatales. Y por eso el administrador ha llamado a la corrupción ‘desarrollo al revés’”, comentó.
La USAID es una institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria.