Dudas que han cobrado relevancia los últimos días y la presión de varios sectores, tanto a favor como en contra, están frenando la aprobación definitiva del proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente 17.742.
La iniciativa busca crear un marco de protección para el agua más moderno que la legislación vigente, que data originalmente de 1942. Pero las modificaciones generan dudas, tanto en el sector agropecuario, como en varios grupos políticos.
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Entre los cambios que se aprobarían está el debilitamiento del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara), pues el manejo de las fuentes de agua pasaría a manos de una Dirección Nacional de Aguas (DINA), bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el de Agricultura y Ganadería (MAG), el de Planificación (Mideplán) y el de Salud.
Además, en los primeros artículos de ese expediente se establece el derecho humano de acceso al agua, así como la protección de las fuentes de agua, en teoría sin que se afecten las actividades del sector agropecuario.
Antes de la aprobación en primer debate, en abril del 2014, los anteriores diputados discutieron por cuatro años para tratar de llegar a un acuerdo, que estableció la obligación para quien usa fuentes de agua, de devolver el recurso “con poca alteración”.
Parte del problema tiene que ver con que el proyecto de ley llegó a discusión de los diputados por iniciativa popular, lo que significa que tenía un plazo de cuatro años para su aprobación. Ese plazo se cumplió en el 2014, hace dos años.
Desde ese momento, los congresistas están en mora legal para hacer la aprobación; sin embargo, luego del primer debate, lo enviaron a consulta a la Sala Constitucional, donde pasó varios meses hasta que los magistrados determinaron que había aspectos inconstitucionales en el plan.
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Las dudas. Este lunes, representantes de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) se reunieron con varios legisladores para plantear 16 dudas que tienen sobre el proyecto, entre las cuales están la creación de la DINA y el fortalecimiento del Senara, y cambios para, supuestamente, “proteger el patrimonio de los agricultores”.
Esa alianza está integrada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (Upanacional) y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), entre otros.
Este sector productivo también ha presionado, desde el inicio del trámite del plan, por la reducción de las zonas de protección fijadas en la ley; sin embargo, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los artículos que establecían dicha reducción, pues a criterio de los magistrados, no hay estudios técnicos que permitan esa reducción.
Por eso, antes de cualquier avance en el proyecto, los legisladores deben hacer las modificaciones solicitadas por la Sala IV.
Choques. En cuanto al apoyo político, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hizo suyas las dudas de los voceros de la Alianza Nacional Agropecuaria, mientras que el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) están divididos en sus posiciones de apoyo a la iniciativa.
Edgardo Araya, jefe del FA, aseguró que casi todos están a favor del proyecto, pero Ligia Fallas se opone y además considera que el plan debería archivarse.
“No es cierto que el proyecto convierta el agua en mercancía, como se ha querido decir. Lo peor que puede suceder es que se quiera seguir pateando la bola”, dijo Araya el lunes, ante Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas).
Fallas duda de lo que dice su propio jefe de fracción, pues considera que es peligroso el término “bien económico” que se le impondría al agua, le daría categoría comercial al agua y, por ende, la privatizaría.
En el PAC, tienen la presión del Gobierno (que lanzó una cadena nacional el domingo para solicitar la aprobación del plan), pero a la vez, la jefa de fracción, Laura Garro, cree que se necesita más tiempo para negociar con los grupos de presión agropecuarios.
“Necesitamos espacio y tiempo para conciliar las fuerzas y llegar a un consenso”, alegó.
Este jueves, los diputados debatirán cuál sería el mejor camino, entre devolver el plan a una comisión para hacerle cambios o realizarlos en el plenario.