Marvin Caravajal, director jurídico de la Casa Presidencial, aseguró este martes que le generó mucha inquietud la gestión de riesgo del Banco Nacional (BN) en el préstamo de $117 millones que le otorgó al consorcio Hidrotárcoles, para el desarrollo de la planta hidroeléctrica Capulín-San Pablo.
Ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, Carvajal relató que la vicepresidenta Ana Helena Chacón le solicitó un criterio sobre la posibilidad de una conciliación entre Hidrotárcoles y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en torno a esta obra.
El ICE decidió dar por terminado el contrato para la compra de la energía de esta planta, de 50 megavatios, con el argumento de que el consorcio incumplió con la fecha de entrada en operación.
Esa decisión deja al BN en problemas, porque la empresa ahora tiene que buscar opciones para terminar la construcción de la planta y cumplir con el pago del préstamo, puesto que el contrato con el ICE era la garantía del crédito.
Del crédito total de $117 millones, el banco giró $107 millones.
Marvin Carvajal declaró que la vicepresidenta Chacón le solicitó el análisis en marzo del 2016, por lo que él revisó el contrato entre el Instituto y el consorcio y se reunió por separado con los voceros del Banco, del ICE y de la constructora Sánchez Carvajal, quienes llegaron en representación de Hidrotárcoles.
El consorcio, agregó el director jurídico de Presidencia, se presentó con el abogado Jonatán Picado.
Ante los congresistas investigadores de los créditos bancarios, Marvin Carvajal detalló que, luego de hacer entrevistas y de analizar los plazos del contrato entre el ICE e Hidrotárcoles, determinó que el Instituto tenía razón de dar por finiquitado el contrato.
Sin embargo, le generó inquietud la gestión de riesgo del BN para dar financiamiento por $117 millones a un consorcio que finalmente incumplió el contrato con el ICE y que, según lo que determinaría un proceso contencioso administrativo, podría significar pérdidas para la entidad bancaria.
"Mi opinión es que el ICE estaba obligado a actuar de acuerdo con el contrato. La disputa es por qué no se hizo el cambio. No vi nada del ICE que me inquietara", comentó Marvin Carvajal.
Luego de las reuniones con los voceros del Banco Nacional, el ICE y los personeros de Sánchez Carvajal, el abogado de la Presidencia le recomendó a Ana Helena Chacón no intervenir, ni buscar la posibilidad de una conciliación, pues sostuvo que, para ese momento, había claramente un incumplimiento del contrato entre el Instituto y la generadora eléctrica.
Además, recordó que ya el consorcio había planteado un juicio contencioso administrativo, por lo que lo más prudente es esperar la sentencia que en ese proceso se emita.
"Le manifesté con claridad que la postura correcta era la del ICE y que el acercamiento no era adecuado. Yo no tengo conocimiento de qué otras acciones se han tomado en relación con ese asunto", dijo Marvin Carvajal.
Ante las declaraciones del abogado de la Presidencia, tanto Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), como Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionaron la falta de presencia del presidente, Luis Guillermo Solís, en buscar una salida al conflicto que no signifique pérdidas para el Estado.
"El presidente es el big chief del Banco Nacional, es el big chief del ICE. Entonces cuándo es que un presidente se mete en una institución, cuándo es que las potestades del big chief se ejercen", alegó Solís.
13 diputados piden intervención del presidente
En la comparecencia de Carvajal, Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mencionaron que un grupo de legisladores hizo una diligencia para pedirle a Luis Guillermo Solís que intervenga.
En la nota, le piden al mandatario sentar a las partes en conflicto y establecer la posibilidad de una conciliación.
"Tomamos la decisión de solicitarle, a través de esta misiva, su activa participación, debido a la urgencia que este tema tiene para el país y quizá únicamente con investidurapresidencial pueda sentar a las partes en diferencia para que se llegue a una conciliación", dice la nota enviada el 5 de marzo.
La carta lleva las firmas de los liberacionistas Ronny Monge, Julio Rojas, Maureen Fallas, Maureen Clarke y Sandra Piszk; los frenteamplistas Francisco Camacho, Gerardo Vargas Varela, Jorge Arguedas y Ligia Fallas; los libertarios Otto Guevara y José Alberto Alfaro; el socialcristiano Luis Vásquez y el independiente Carlos Hernández.
En ella, le enfatizan al presidente que el proyecto para que el ICE le comprara 50 megavatios de energía a Hidrotárcoles contaba con una declaratoria de interés público aún vigente.
Consultado por La Nación sobre esa petición de los congresistas, Marvin Carvajal respondió que se tiene que estudiar adecuadamente la carta y la viabilidad, "no de que el ICE sea tolerante sobre el incumplimiento del contrato", sino de que eventualmente el Instituto "acepte la posibilidad de negociar un addendum al contrato".
"El criterio que en su momento emití es que no se puede, que estamos fuera de tiempo, por haber incumplimiento. Pero el compromiso ante la carta es de revisarlo y estudiarlo, para determinar si existe alguna posibilidad desde el punto de vista legal", informó el abogado de la Presidencia.