La Dirección Nacional de Notariado abrió ayer un proceso de investigación al diputado de Renovación Costarricense, Justo Orozco Álvarez, por tramitar matrimonios, divorcios y realizar otras tareas profesionales en su oficina de la Asamblea Legislativa.
El jerarca de esa instancia, Melvin Rojas, anunció la apertura del proceso ante información revelada por un reportaje del periodista Andrés Martínez, de Telenoticias , sobre las actividades profesionales de Orozco en el recinto público que le corresponde como legislador.
El reportaje sostiene que el legislador realizó 44 actos notariales durante su tiempo legislativo, entre matrimonios, divorcios y compraventas.
Si bien los diputados no tienen prohibición para el ejercicio liberal de su profesión, el uso de recursos públicos para esas actividades privadas está prohibido.
El diputado aceptó este lunes que ha tramitado matrimonios y divorcios en su tiempo “libre”, incluidos los recesos del plenario, durante el almuerzo y por las noches.
Según el legislador, acérrimo defensor de la familia tradicional, los divorcios que ha inscrito como notario son “de bien social”.
“Es para formalizar parejas que llevan muchos años juntas, pero tienen otro matrimonio que no han deshecho”, dijo el congresista.
El diputado está obligado, por la tabla de tarifas establecida para la función notarial, a cobrar por sus actividades profesionales. Según Orozco, él ha subvencionado a muchos de sus clientes.
“Lo mínimo que puede cobrar uno para estas cosas es ¢50.000”, afirmó Orozco ayer por la mañana, y aseguró que “no habrían pasado de 10 actos” los tramitados, sin dar una cifra exacta.
El decreto ejecutivo 36.562-JP establece que un notario no debe cobrar menos de ¢100.000 por matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo, y no menos de ¢150.000 por divorcios en que medien bienes gananciales.
Pero el diputado Justo Orozco también aceptó que sus colaboradores preparan el trabajo de las escrituras y, luego, el acto notarial propiamente se da ante él pues en eso no pueden sustituirlo.
Prohibición. La investigación al diputado se basaría en el artículo 7 del Código Notarial, el cual establece una prohibición de que los notarios utilicen oficinas en instituciones de la Administración Pública, instituciones autónomas o empresas públicas para hacer funciones notariales.
Melvin Rojas añadió que la Dirección Nacional de Notariado extenderá la vigilancia a todos los diputados notarios, para determinar si cumplen a cabalidad con la reglamentación para su oficio.
En el Congreso hay 10 legisladores que tienen título universitario en Derecho, aunque no todos ellos son notarios.
Rodolfo Sotomayor, de la Unidad Social Cristiana, y Luis Gerardo Villanueva, de Liberación Nacional, ejercen el notariado.
Ambos indicaron que tienen su oficina, tal como lo establece la ley, y que por decisión personal no utilizan sus despachos legislativos para su trabajo. Tampoco Antonio Calderón, diputado y secretario general del PLN, ejerce en su oficina de la Asamblea Legislativa, afirmó.
En los casos de Carlos Góngora y Luis Fishman, congresistas y notarios, no ejercen su profesión desde hace algún tiempo. Igualmente, ambos condenan que se use la oficina y recursos legislativos para atender clientes de su profesión.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza, del PLN, dijo que no se tenía noticia de la actividad notarial de Orozco, y añadió que, si lo hubiese pedido, “no se le podría otorgar permiso; las oficinas públicas son para las actividades propias de la institución”.