Un borrador de proyecto de ley enviado por el diputado liberacionista Gustavo Viales, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), propone que la campaña electoral para los comicios nacionales del 2022 empiece el 6 de noviembre del 2021.
El texto plantea postergar en un mes el banderazo de salida de la actividad proselitista, pues actualmente el Código Electoral prevé su inicio para el 6 de octubre del próximo año.
Así, se reduciría de cuatro a tres meses la campaña política para escoger a los próximos presidente, vicepresidentes y diputados.
Este borrador fue la base de la discusión técnica que Viales y Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC, sostuvieron el 27 agosto con personeros del TSE, para comenzar a construir una propuesta formal.
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El texto base, además, plantea que las candidaturas se puedan inscribir, como límite, dos meses y 15 días antes de la fecha establecida para los comicios nacionales, en lugar de los tres meses y 15 días establecidos actualmente.
Es decir, la fecha límite pasaría de la tercera semana de octubre a la tercera de noviembre.
Al respecto, Andrei Cambronero, letrado del TSE, informó de que el Tribunal hizo sus primeras observaciones.
“No resulta procedente mover la convocatoria a elecciones ni la presentación de candidaturas; lo que resulta procedente es mover el periodo de campaña, que no es lo mismo, en la lógica de que mover la convocatoria tiene implicaciones sensibles sobre la organización de los comicios del 2022″.
Cambronero añadió que él y Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, plantearon un ajuste a las normas relacionadas con la campaña, no con la convocatoria, y se lo hicieron llegar a los asesores designados por Viales y Sánchez.
Enrique Sánchez, jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), sostiene que esta propuesta es necesaria para dar espacio a que el país discuta las reformas necesarias para cumplir con el acuerdo de estabilidad económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exigirá la discusión de proyectos de ley en el Congreso que pueden implicar cambios estructurales para el país.
Con ello coincide el exministro de la Presidencia y dirigente del PLN, Rodrigo Arias, quien afirmó que conversó del tema con Viales.
El borrador de proyecto, en cambio, argumenta que la postergación de fechas es conveniente en el marco de la emergencia producida por la covid-19. Añade que una campaña de solo tres meses permitiría reducir gastos y un aumento de las posibilidades de participación en competencia durante la contienda.
“Las agrupaciones podrán ajustar sus gastos electorales a 90 días, en lugar de 120, de manera que los recursos no tendrán que prolongarse en contratos de alquiler, personal, cargas sociales, propaganda, publicidad y otros”, dice el borrador.
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Viales declinó dar declaraciones sobre esta propuesta. Dijo que lo haría si se decide a proponerla oficialmente.
El borrador también propone las siguientes medidas:
Reducción de la deuda política. El propone reducir a un 0,10% del producto interno bruto (PIB) el aporte estatal para financiar la campaña política.
La legislación establece que la contribución debe ser de un 0,19% del PIB, pero en las últimas campañas el Congreso siempre ha reducido ese porcentaje a un 0,11%, mediante reformas transitorias.
Para esta ocasión, el borrador de Viales plantea que se haga nuevamente la reducción, pero a un 0,10%, o sea, un 0,01% menos de lo usual.
Prohibición de asambleas nacionales en el primer semestre del 2021. Para afrontar cada cuatro años las elecciones presidenciales, los partidos políticos deben sus estructuras mediante la celebración de asambleas internas; usualmente, lo hacen durante el primer semestre del año anterior a los comicios.
Para esta ocasión, el texto base de Viales plantea prohibir que los partidos políticos realicen esos procesos de renovación de estructuras en ese semestre, por las reuniones en espacios cerrados que implican, así como la participación de adultos mayores.
Según dice Viales en su borrador de proyecto, si un partido puede realizar la renovación de estructuras, pese a la situación de pandemia, y otro no, entonces habría una condición de desigualdad entre agrupaciones.
Prórroga de nombramientos. De la mano con la prohibición para hacer asambleas y elecciones distritales o cantonales en el seno de los partidos, la propuesta incluye prorrogar por un año los nombramientos actuales hasta el 31 de diciembre del 2021, inclusive.
Viales recordó que, incluso, los diputados han aprobado una serie de prórrogas para todo tipo de organizaciones, asociaciones y juntas directivas, por la imposibilidad de reunirse que genera la pandemia.
La única posibilidad quedaría para los comités ejecutivos que necesiten realizar procesos internos para llenar organismos partidarios que tengan vacantes, que estén acéfalos o faltos de cuórum.
Uso de recursos para capacitación. Por ley, los partidos políticos deben reservar una parte del aporte estatal para capacitación y otra para organización y funcionamiento.
Esa reserva se mantiene a nombre de las agrupaciones, para liquidarla conforme lo requieran. Sin embargo, ante la eventual dificultad de acceder a financiamiento, el borrador de proyecto de Viales plantea una autorización para usar parte de esos recursos para organización.
Específicamente, se permitiría usar hasta un 25% de las reservas destinadas a capacitación para gastos de organización política, funcionamiento administrativo y operativo.
Actualmente, los partidos políticos de escala nacional tienen varios millones a su nombre, para ese objetivo, repartidos de esta forma:
-Liberación Nacional: ¢194 millones
-Acción Ciudadana: ¢275 millones
-Restauración Nacional: ¢937 millones
-Republicano Social Cristiano: ¢63 millones
-Unidad Social Cristiana: ¢145 millones
-Frente Amplio: ¢109 millones
-Integración Nacional: ¢47 millones
Prohibición de uso de recursos de capacitación. Las dos últimas reformas sugeridas son para prohibir que los recursos de capacitación se utilicen para fines diferentes a la organización electoral.
Literalmente, se considera injustificable pagar con esos recursos gastos que tengan los partidos políticos con el Estado, u obligaciones por concepto de sentencias condenatorias en firme, en perjuicio del erario.
Tampoco se permitiría usar ese dinero en préstamos bancarios ni deudas con la seguridad social, ni para hacer efectivo el pago de sentencias condenatorias en sede judicial.
Recursos no pueden ser garantía crediticia. De igual manera, el proyecto impide que los recursos tomados de la reserva de capacitación se puedan utilizar como objeto de garantía para acceder a financiamiento electoral que permita cubrir gastos no justificables.
El borrador establece que esas ocho propuestas se cristalicen en los transitorios del XII al XVI dentro del Código Electoral.