Un grupo de 13 diputados impulsa un proyecto de ley que tomaría casi ¢106.000 millones, de fondos públicos, para crear una nueva burocracia estatal dedicada a financiar a empresas comunales, municipales y cooperativas, así como cualquier otra “empresa de la economía social solidaria".

La iniciativa obligaría al gobierno a hacer un fuerte giro de dinero para crear el nuevo aparato estatal, al tiempo que crearía un tributo para alimentar su operación y le asignaría recursos provenientes del Banco Popular.

El proyecto de Ley de Fomento Socioeconómico Local (expediente 21.970) fue presentado a la Asamblea Legislativa el 20 de mayo por el diputado Daniel Ulate Valenciano, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El plan cuenta con el apoyo de otros 12 legisladores: Paola Valladares, del PLN; Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes; del bloque fabricista Nueva República (PNR); María Inés Solís y Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Wélmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio; y Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Pese a que el proyecto sería de alcance nacional, el texto es tramitado en la Comisión Especial de Alajuela, donde se trabajan iniciativas propias de esa provincia.

El autor del plan, el legislador liberacionista Daniel Ulate, es presidente de esa comisión desde el 30 de abril. Él es vecino de San Ramón, Alajuela.

Según el proyecto de ley, el objetivo es “fomentar la reactivación y el desarrollo socioeconómico local del país desde la base productiva, para generar nuevas fuentes de ingresos y empleos a nivel territorial”.

El texto se escuda en la crisis provocada por la pandemia, al decir que es conveniente su aprobación porque es probable que los mercados internacionales cierren sus puertas a los productos costarricenses por tiempo indefinido.“Eso obliga a voltear la mirada hacia nuevos procesos de producción, distribución, mercadeo y consumo local”, agrega el documento.

El proyecto crearía un Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local, el cual estaría integrado por las siguientes siete agrupaciones: Cámara de la Economía Social Solidaria, Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, Confederación Costarricense de Federaciones Municipales, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Consejo Nacional de Cooperativas, Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y Promotora del Desarrollo Económico Comunal (Prodeco).

También, asistirían representantes de productores agropecuarios, organizaciones de consumidores, mipymes y artesanos.

Ese Consejo dictaría las políticas del Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local, otra nueva figura que se dedicaría a financiar a las empresas de la economía social solidaria.

La administración de este fondo estaría a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

¿Cómo se financiaría?

Para financiar el Fondo, el proyecto le ordenaría al gobierno girarle, por una única vez, un monto idéntico al que le giró el Estado, en el 2019, al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad y las asociaciones de desarrollo.

Para el año anterior, esa cifra fue de ¢37.097 millones, los cuales provienen del 2% de lo recaudado por el Ministerio de Hacienda en el cobro del Impuesto Sobre la Renta.

También, por una única vez, el texto propone servirse del 10% de las utilidades que el Banco Popular reportó en el 2019. Esa suma corresponde a ¢3.330 millones.

El Fondo contaría, además, con dos fuentes de financiamiento permanentes.

Se crearía un nuevo impuesto del 1% sobre las ventas brutas de las empresas del Régimen de Zonas Francas.

Con base en datos del 2019 facilitados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), solo en ese año ese porcentaje rondaría los ¢63.870 millones.

Además, se destinaría, también en forma permanente, el 5% de las utilidades del Banco Popular, porcentaje que esa entidad financiera gira actualmente, por ley, a un fondo para financiar pequeñas y medianas empresas.

La idea sería “redistribuir” esos recursos, dice el texto, que fueron ¢1.665 millones en el 2019.

De manera que, el primer año, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local recibiría ¢106.000 millones y, en los años siguientes, tendrían rentas permanentes por el orden de unos ¢65.000 millones, si se mantuviese el comportamiento económico del 2019.

Los cooperativas tendrían acceso a estos recursos, pese a que ya disponen del dinero del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el cual se alimenta cada año con el 10% de las utilidades de los bancos públicos.

En el texto, se definen las empresas de la economía social como "aquellas organizaciones, de base asociativa y sin ánimo de lucro que, aunque generan resultados económicos como condición indispensable para llevar a cabo sus fines mutualistas y solidarios, privilegian su contribución a la cohesión social, el trabajo y al compromiso con el territorio donde se instalan”.

Otros beneficios: exoneración de impuestos

El proyecto también plantea los siguientes beneficios:

-Libraría del impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a uniones cantonales y zonales, las federaciones de uniones cantonales y zonales y a la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal.

-Liberaría de “de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos” a las federaciones municipales, Confederación y sus empresas

-Exceptuaría de los controles establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, para adjudicar los contratos que se ejecuten con dinero del Fondo Nacional de Telecomunciaciones, a las transferencias que les haga Fonatel a los entes y empresas municipales

-Establecería, en la Ley de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, que las alianzas estratégicas y acuerdos consorciales entre las empresas municipales de cualquier tipo y las entidades privadas o públicas, no se regirán por la Ley de la Contratación Administrativa, ni por su reglamento

-Agregaría, en la Ley de Fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas, una larga lista de favorecidos: empresas comunales, municipales, cooperativas y empresas "que pertenezcan a la economía social solidaria”.

-Establece que las empresas comunales, municipales y cooperativas, así como cualquiera de la economía social solidaria, "que funcionen bajo la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), podrán otorgar créditos y servicios financieros de cualquier tipo a las mipymes en que sus asociados mantengan participación de capital, así como emitir instrumentos de inversión en el mercado de valores y realizar ahorros a la vista y a plazo”

Estas últimas entidades no requerirían de la autorización previa del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda para la contratación de recursos nacionales o internacionales, sino únicamente la supervisión posterior de la Sugef.

-Incluiría como beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo —que financia proyectos productivos— a las municipalidades, cooperativas y empresas comunales

-Cambiaría la forma en que se constituyen las cooperativas. Hoy, la cantidad mínima de asociados para formar estas agrupaciones es de 20 personas, y de 12 en el caso de las cooperativas de autogestión. La nueva ley fijaría un mínimo de 7 asociados para formar una cooperativa tradicional, y de 3 para una cooperativa de autogestión.

-Durante dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley, las pymes inscritas en el Registro de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), o a las asociaciones de desarrollo comunal, podrían aprovechar el servicio de internet gratuito pagado por Fonatel