Entre el 1.º de mayo del 2002 y este 2015, la Asamblea Legislativa ha convertido en leyes 1.015 iniciativas, con una duración promedio de 700 días en cada proyecto o, lo que es lo mismo, 23 meses.
Sin embargo, entre esos 1.000 proyectos, hay muchos que han excedido por mucho el promedio y han tardado hasta nueve años en su trámite, desde su presentación hasta su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Según datos aportados por el Departamento de Servicios Parlamentarios del Congreso, en las últimas tres administraciones, hubo planes de ley que tardaron seis, siete y hasta ocho años en salir aprobados de la Asamblea.
Por ejemplo, el expediente 14.921, una reforma a la ley de condominios, aprobada en el 2011 (gobierno de Laura Chinchilla), estuvo nueve años en estudio de los legisladores.
El Código Electoral que le dio armas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para fiscalizar el financiamiento partidario, duró ocho años y medio en cuesta de Moras: del 2001 al 2009.
Otros proyectos que, pese a su relevancia, han ido más allá de una administración presidencial son la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que se debatió durante poco más de siete años y la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que superó también los siete años.
Aunque una donación de fincas en Pérez Zeledón podría definirse en la jerga de la Asamblea Legislativa como un plan “chayote” (poco polémico o falto de sabor), el expediente 14.811, que permitía tal donación, tardó seis años en estudio.
Según Servicios Parlamentarios, los expedientes que aparecen con más frecuencia en la lista de pendientes de los legisladores son los de adhesión a convenios o tratados internacionales.
Viacrucis. Entre las diversas razones de ese viacrucis legislativo, se pueden citar las armas que les da el Reglamento del Congreso a los diputados para bloquear el camino de una iniciativa de ley.
Proyectos de ley aún en trámite, como el permiso para la fecundación in vitro o el de sociedades de convivencia, se ahogan en cientos de mociones, que buscan impedirles cualquier avance.
Por lo demás, el Reglamento no le fija plazo de votación a ningún expediente legislativo, salvo al Presupuesto Nacional y sus modificaciones, pues ya la Constitución establece un trámite abreviado para esos planes.
Para congresistas que repiten en la curul, como Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN); Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), las razones de ese atraso son muchas.
Según González, en los últimos años, los liderazgos son “más dispersos que antes”, o sea, la dirección de las fracciones no se centraliza y surgen fuertes rupturas que impiden a un partido político remar en la misma vía. “También, hay dificultad para coordinar proyectos estratégicos de los Gobiernos con iniciativas particulares de los diputados, además de que el Reglamento permite el uso abusivo de mecanismos de dilatación”, añadió.
El diputado Jorge Rodríguez ya estuvo en la curul entre 1990 y 1994. Para él, en tiempos del bipartidismo (dominio de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana) era más fácil lograr acuerdos.
“Había más responsabilidad del diputado, yo sentía un compromiso. Ahora están como desmotivados”, dijo Rodríguez.
Según Ottón Solís, los legisladores son ineficientes y dedican las horas en plenario a hablar sobre temas intrascendentes, en vez de limpiar las agendas.
“El Reglamento solo es malo porque hay gente dispuesta a utilizarlo. En este primer año solo se aprobaron cinco proyectos de ley útiles, muchos de la administración pasada”, comentó Solís.