Los diputados de la Asamblea Legislativa suspendieron esta mañana la discusión del proyecto de ley de reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo, ante la sospecha de que el plan de ley tenga irregularidades.
La iniciativa, cuyo camino está ahogado por más de 90 mociones, plantea originalmente hacer operativos los préstamos de recursos para pequeños emprendedores.
Actualmente, hay cerca de ¢260.000 millones que se podrían utilizar para dar créditos pero la ley tal como se aprobó impide el uso de esos recursos.
El diputado independiente Luis Fishman advirtió de problemas que generaría el proyecto de ley, sobre todo en la creación de un entramado de pequeñas entidades financieras que tendrían privilegios iguales a los de un banco estatal.
Ante esa y otras alertas del legislador, reaccionaron la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, y el diputado Juan Carlos Mendoza, quienes pidieron una negociación entre bancadas políticas para superar el embrollo.
Ante la solicitud, el presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, propuso iniciar un diálogo entre partidos políticos, esta misma tarde, a la 1 p. m. en el Castillo Azul, sede de la presidencia del Congreso, para buscar un acuerdo que aligere la aprobación de la iniciativa.
Las fracciones del Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana también se unieron al acuerdo para hacer viables los cambios a la Banca de Desarrollo.
En última instancia, también el Movimiento Libertario se unió a la intención de diálogo. Este partido interpuso la mayoría de mociones para modificar el proyecto de ley.
La principal intención libertaria es eliminar un impuesto del 15% a la banca de maletín (entidades extranjeras que dan crédito en Costa Rica o nacionales que prestan fuera de las fronteras).
Ese tributo afectaría a dos entidades nacionales, el Banco Internacional de Costa Rica S. A. (Bicsa, propiedad de los bancos Nacional y de Costa Rica), así como al conglomerado financiero BCT, que tiene operaciones fuera de Costa Rica.