Una iniciativa de ley presentada por el Frente Amplio (FA) aumentaría en ¢1.442 millones el gasto municipal en remuneraciones de los regidores, síndicos y concejales de distrito. El plan es analizado por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.
La reforma ordenaría a las municipales pagarles el seguro social a los 3.900 titulares y suplentes de estos cargos, durante el periodo de cuatro años, a pesar de que ellos ganan dietas por asistir a sesiones y no reciben salario.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Rubén Hernández, la iniciativa es contraria a la Carta Magna. “Sería inconstitucional, pues no son trabajadores, sino funcionarios públicos de elección popular”.
De aprobarse, el plan presentado hace un año por el exdiputado José María Villalta, incrementaría en 26,58% el gasto de las municipalidades para remunerar regidores, síndicos y concejales.
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Ese es el porcentaje que deben pagar los patronos por el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los aportes establecidos en la Ley de Protección al Trabajador y las contribuciones para otras instituciones de bienestar social.
Así, las sesiones municipales en todo el país que le costaron a los contribuyentes ¢5.427 millones en el 2021, repartidos entre 1.988 personas, aumentarían a ¢6.869 millones si se toma como referencia el gasto del año anterior, para un incremento de ¢1.442 millones.
En el Concejo Municipal de Alajuela, por ejemplo, el pago por asistir a seis sesiones mensuales de ¢1,6 millones a ¢2 millones, en el caso de los regidores propietarios.
El proyecto recomienda agregar un nuevo artículo 30 bis al Código Municipal. Este miércoles fue enviado a discusión a una subcomisión del foro de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y, su único artículo, reza de la siguiente forma:
“Las personas regidoras, síndicas y concejales municipales de distrito, propietarias y suplentes estarán cubiertas por los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social mientras permanezcan en el cargo, por lo que dichas personas y las municipalidades respectivas realizarán las contribuciones correspondientes a dichos seguros sociales, con base en sus remuneraciones mensuales, sin que esto implique la existencia de una relación laboral”.
El transitorio, por su parte, ordenaría a las municipalidades de todo el país y los concejos municipales de distrito, según corresponda, realizar el aseguramiento ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de las personas que ocupan esos cargos, a partir de la entrada en vigencia de la legislación.
“Para estos efectos, se autoriza a los respectivos concejos municipales a ajustar los montos de las dietas que devengan estas personas, a fin de que no pierdan su valor adquisitivo como consecuencia de la aplicación de esta ley, respecto al monto que devengaban con anterioridad a su entrada en vigencia.
“Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con el límite a las remuneraciones totales establecido en la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957″, añade el transitorio.
Justificación de Villalta
En la exposición de motivos del proyecto, Villalta plantea que la idea es extender la protección de la seguridad social a regidores, síndicos y concejales de distrito, sin que la medida “implique un cambio de la naturaleza no laboral de la relación que estos cargos de elección popular mantienen con las corporaciones municipales”.
El texto argumenta que quienes ejercen estos cargos tienen “múltiples e importantes responsabilidades” y alta demanda de tiempo para el “cumplimiento cabal de sus funciones”.
“Si bien su remuneración, por medio de dietas, está asociada a la asistencia a sesiones de los concejos municipales, en la práctica son muchas más las responsabilidades que estas personas deben asumir si quieren cumplir eficientemente con el mandato de representación encomendado por las y los habitantes del cantón.
“Deben atender múltiples problemáticas comunales, visitar constantemente las comunidades, mantenerse en contacto permanente con las organizaciones sociales del cantón y estar disponibles para escuchar las demandas y reclamos de los vecinos y vecinas a quienes representan. De hecho, el correcto ejercicio de estos cargos implica un trabajo de tiempo completo”, dice la justificación.
En la actualidad, dice el proyecto, hay cargos de elección popular que, sin tener una relación laboral con el Estado por la naturaleza de su cargo, gozan de seguridad social.
Tal es el caso de los diputados, cuyas contribuciones a la CCSS de estos y del Estado, tiene jurisprudencia constitucional y de la Procuraduría General de la República, según cita el texto.