Este martes 17 de mayo, los diputados dieron por finalizados nueve años de trámite legislativo del proyecto de ley para desafectar y titular tierras en la frontera de Costa Rica con Panamá.
El cierre de ese proceso no tuvo un final feliz. La decisión tomada por 43 legisladores fue sepultar la iniciativa en el archivo del Congreso, luego de que la Sala Constitucional señalara que sería inconstitucional.
Para los magistrados, el expediente 16.657 viola el artículo 50 de la Constitución Política y los principios precautorio y de no regresividad en materia ambiental, así como los de razonabilidad y proporcionalidad.
“No se sustenta en estudios técnicos, vicio que es de carácter esencial del procedimiento legislativo”, apuntó la Sala en noviembre del 2014.
La iniciativa de ley, que fue presentada el 17 de mayo del 2007 al Congreso, pretendía desafectar las tierras sobre la franja fronteriza sur ocupadas por costarricenses, con el fin de que pudieran optar por créditos y gozar de seguridad jurídica.
Tal como fue finalmente aprobado en setiembre del 2014, el texto de esta iniciativa permitía a cada uno de los habitantes acreditar al menos 10 años de ocupación de los terrenos.
Además, se fijó un máximo de 25 hectáreas por persona y un máximo de tres propiedades por cada habitante de la frontera.
Sin embargo, la Sala IV resaltó un vicio de forma: la inexistencia de análisis que determinaran las personas que recibirían títulos de propiedad, lo que impedía el avance del plan.
Por eso, en junio del 2015, la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad acordó apegarse al criterio de los magistrados y enviar el proyecto al archivo, decisión que se dio ahora, casi un año después.
Además del riesgo ambiental, la Sala señaló en su fallo que el plan implicaba un riesgo para los territorios indígenas situados en la zona fronteriza, a pesar de que la iniciativa protegía nominalmente cualquier intento de desafectar y titular esas tierras.
Explicaciones. El jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya, recordó que su partido se opuso inicialmente al proyecto de ley, porque consideran que detrás de la petición de decenas de habitantes, hay intereses de grandes compañías por desafectar y hasta privatizar terrenos explotables para la producción agrícola.
El socialcristiano Gerardo Vargas, por su parte, aseguró que ya un grupo de personas estudia una solución para las familias que llevan años en esos terrenos, sin posibilidad de arraigarse totalmente en la línea fronteriza.
“Nos parece que hay una gran necesidad de legislación para que esos territorios dejen de ser tierra de nadie y caldo de cultivo para la pobreza, el subdesarrollo y la inseguridad, tanto física como jurídica”, manifestó Vargas.
El liberacionista Olivier Jiménez se manifestó dolido durante la discusión para archivar el plan, pues enfatizó que los pobladores del sur dieron la lucha por años con tal de poder tener la propiedad de sus tierras.
Desde meses antes de ser aprobada la iniciativa, grupos de presión de vecinos de la zona fronteriza acamparon frente al Congreso y realizaron marchas para exigir la aprobación de este texto, que ya del todo no podrá ser ley.
Aunque el proyecto no incluía a los habitantes del límite con Nicaragua, la experiencia con este hoy fallido documento se quería replicar para una ley que abarcara las tierras del norte.
Para el diputado libertario Otto Guevara, la pobreza alojada en las líneas fronterizas se debe, en parte, a la falta de herramientas para que los habitantes puedan tener sus tierras propias.