Minutos antes de que los diputados votaran en primer debate la reforma para aumentar las multas por irrespeto a la restricción vehicular sanitaria, se enfrascaron en un pleito a causa de reclamos del bloque Nueva República (PNR), por el cierre de una iglesia evangélica en Pérez Zeledón.
Durante 20 minutos, los legisladores se enzarzaron en dimes y diretes e, incluso, hubo llamados al orden de parte de legisladores que pidieron dejar de usar la palabra para debatir un tema que no se relacionaba con ningún expediente en votación.
El primero que lanzó el reclamo fue Harllan Hoepelman, del PNR, quien dijo que el lunes, en Pérez Zeledón, la Fuerza Pública cerró una iglesia evangélica sin tener ninguna directriz clara para hacerlo.
El reclamo del legislador fabricista se centró en que, en su criterio, las directrices del Poder Ejecutivo y, en particular, del Ministerio de Salud, no dicen claramente que se deban cerrar las iglesias para evitar contagios del covid-19, sino que se prohíben las “actividades religiosas, procesiones de semana santa, actividades, organizaciones o congregaciones en sitios de adoración”.
“Quiero levantar la voz y decir que las iglesias no solo sirven para convocar gente. Hay iglesias donde se da sostenimiento espiritual, emocional, psicológico, no solo a grupos grandes, a matrimonios, jovenes, a personas equis. No solo se abre para convocar gente, yo no leo ahí (en las directrices de Salud) cierre de iglesias”, dijo el independiente.
Añadió que conoce de iglesias que reparten comida y atienden gente, como una labor social extraordinaria y adujo que se debe revisar el vacío en las directrices gubernamentales. De hecho, se dirigió principalmente a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), a quienes les pidió revisar esas órdenes con el Ejecutivo.
Hoepelman, quien es pastor evangélico, alegó que, en una edificación de 1.300 metros cuadrados, se encontraban 13 personas y que también está sucediendo en diferentes sitios de San José y Tibás, por ejemplo.
Apenas soltó el fabricista el micrófono, María Vita Monge, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) de Pérez Zeledón, usó la palabra para rebatirle el reclamo al independiente, pues aseguró que en la iglesia evangélica Martillos de Guerra, a la que se refería Hoepelman, estaban incumpliendo directrices sanitarias.
“La Policía actuó a derecho. Solo el equipo de músicos de Martillos de Guerra tiene más de 40 personas. No se le puede engañar a la gente de Pérez Zeledón diciendo que ahí había poquitas personas, cuando hay videos y testimonios de que había una cantidad grande de personas, incumpliendo las medidas sanitarias”, dijo la socialcristiana Monge, quien también es evangélica.
Melvin Núñez, de Restauración Nacional y también pastor, apoyó el reclamo de Hoepelman y dijo que las autoridades debían revisar el caso. Apuntó igualmente que las iglesias sirven de albergues y comedores, o para llevar a la población “respuestas que el Gobierno no llega a dar”.
“Hay que remitirse a las pruebas. Lo mejor que pueden hacer los pastores es hacer transmisiones en vivo, seguir haciendo su labor, pero guardando las distancias. La parte pastoral tiene todo mi apoyo”, añadió Núñez.
Mientras que el restauracionista le dio el apoyo a Hoepelman y los pastores, la independiente Zoila Volio alzó la voz para defender el trabajo de la policía y dijo que se debe acatar la disciplina de las autoridades.
“Se cierran bares, estadios, conciertos y se cierran las iglesias, católicas o lo que sea, pero no podemos permitir que la gente se acumule. Estados Unidos tenía 89 y, 20 días después, tiene 10.000 casos o más (al jueves, se reportaban 215.417 casos y 5.116 muertes). Estamos jugando con vidas humanas, no podemos cuestionar las directrices”, apuntó Volio.
Añadió que la Fuerza Pública acata órdenes y no caprichos.
Ante la maraña de discursos, también la fabricista Ivonne Acuña fue a la carga en apoyo de Hoepelman y en defensa de las iglesias, pues insistió en que el parte policial solo refería que habían 13 personas en la iglesia pezeteña.
“La intervención de mi compañero no fue comprendida, ruego que presten atención. Los lineamientos no están claros, las medidas administrativas hablan de actividades y aglomeraciones, no cierre. Somos respetuosos, pero defendemos el derecho de las personas a estar en la casa y escuchar un mensaje de esperanza”, apuntó.
Luego de insistir Hoepelman en su reclamo, Paola Vega, del PAC, les dijo a los fabricistas que su reclamo no cabía en el plenario, donde no estaba sentado del ministro de Salud, Daniel Salas, y los diputados no manejan las directrices en materia sanitaria.
“No es el recinto para ese reclamo. Rogaría que sigamos con la discusión de proyectos, porque se acaban de confirmar 375 casos de covid-19 y lo que aquí vemos urgen para frenar esa curva, que es lo que sí nos compete”, alegó la oficialista.
En medio de los intercambios, de los dimes y diretes, salió Ignacio Alpízar, también del bloque independiente, tomó el micrófono para reclamar que, en un supermercado, exigían que entrara solo una persona a la vez y él, mientras se quedaba en el parqueo esperando su turno, notó que había gente irrespetando la norma y entrando de tres en tres.
El también fabricista Jonathan Prendas alegó que él ha tenido que coordinar con la ministra interina de la Presidencia, Silvia Lara, para evitar que los mandos medios de Salud y de Fuerza Pública apliquen mal las directrices y dijo que, en Sarapiquí, llegaron las autoridades con órdenes de cierre para iglesias que llevan 15 días con las puertas trancadas.
La que cerró el debate fue la oficialista Catalina Montero, de nuevo para decir que el esfuerzo del Directorio y del plenario se realiza para que los diputados hablen lo menos posible e insistió en que estar ahí, en plenario, hablando podría generar que se transmita eventualmente el covid-19.